La ley estatal de 1975, todavía en vigor, dice que el Gobierno debe asumir la inversión del metro de Sevilla

«Sobre la vigencia de esa ley habló mucho el profesor Manuel Clavero. Se redactó para la construcción del metro de Sevilla y fue aprobada en las Cortes . Nunca se ha derogado y eso se ha comprobado después», asegura en declaraciones a ABC. «Yo entiendo que las leyes son leyes y si no se derogan tienen validez, pero no es culpa del Estado que Sevilla sea la única ciudad de su tamaño sin una red de metro. La Junta es la principal culpable, porque se enfrascó en construir metros en ciudades mucho más pequeñas como Granada y Málaga y para esta última llegó a desarrollar varias líneas olvidándose de Sevilla», lamenta.

El problema, bajo su punto de vista, es que «todo el mundo asumió que esta ciudad ya recibió más de lo que le correspondía durante la Expo 92, pero aquellas infraestructuras no fueron exclusivas de Sevilla, por ejemplo el AVE beneficiaba a Córdoba y a todos los territorios por los que pasa hasta llegar a Madrid, y con las autopistas ocurre lo mismo, conectan varias provincias, además de la nuestra. Sin embargo, a raiz de la Exposición Universal, Sevilla no ha recibido absolutamente nada», asegura.

Sobre esta nueva oportunidad que surge ahora para reflotar la infraestructura, el profesor De Justo reconoce el esfuerzo del equipo actual de la Consejería de Fomento para actualizar los proyectos que habían quedado obsoletos, pero sin una licitación «seguirán siendo sólo promesas y de eso ya hemos tenido bastante». «Yo las llevo escuchando desde hace más de veinte años, por eso no puedo ser optimista», dice.

José Luis de Justo no es el único que saca a colación la oportunidad de la vigencia de esa norma de 1975. De hecho fue uno de los criterios que se tuvo en cuenta para calcular la aportación estatal en el convenio de 2005 de financiación de la línea 1, aunque en la práctica no tuviera apenas efecto. Sobre el papel se menciona que la ley se circunscribe exclusivamente al término municipal de la capital, donde el Gobierno asumía el 100% de la infraestructura, que fue presupuestada en 461 millones de euros. Para este trazado, que va desde la estación de Blas Infante hasta las cocheras, el Ejecutivo andaluz recibió 176 millones de euros. Los otros dos extremos: el de Dos Hermanas, que discurre a través de Montequinto, y el del Aljarafe, que llega hasta Mairena, fueron financiados al 33%, lo que suponía un montante de 42 millones. En esa cuenta no está incluido el material móvil ni los trenes, tampoco el sobrecoste que se generó por los retrasos de la obra y la mala gestión durante la ejecución, elevando la factura total a 890 millones.

Por tanto, si se hiciera también valer la norma para la línea 3, que discurre en su totalidad por el casco urbano de la ciudad, el importe debería recaer casi de forma íntegra sobre el Ejecutivo central. En este caso tampoco se incluiría la compra de los vehículos que debe asumir otra administración.