La ley del silencio y los destierros que también lastran a las Tres Mil Viviendas de Sevilla

Hace unas semanas se volvió a aplicar la ley del silencio y el destierro como castigo o compensación para zanjar una agresión gravísima que mandó a una persona a la UCI del Virgen del Rocío donde permaneció 40 días. La víctima estuvo a punto de perder la vida, pero la familia decidió no acusar a los agresores, que pertenecen a dos clanes ligados estrechamente a una de las familias con más poder de las Tres Mil en estos momentos: los Caracoleños. «A la madre la estuvieron amenazando durante días. Le dijeron que si algunos de los agresores acababa en la cárcel tendrían que abandonar el barrio. La presión fue tan alta que al final, cuando llegó el momento de ponerse delante del juez, se callaron».

Quien habla es uno de esos vecinos que no entienden cómo en el siglo XXI se siguen saldando las cuentas de esta manera. «Se dice que esto es la ley gitana y yo como gitano reniego de eso. Eso no está escrito en ningún lado y lo aprovechan los más fuertes, las familias que tienen más respaldo y que hacen lo que quieren». Nuestro interlocutor prefiere guardar el anonimato por razones obvias, pero expresa el hartazgo de una parte del barrio que no soporta como una vez más se aplica una forma muy peculiar de justicia, al margen completamente del sistema.

Los hechos que han causado una honda indignación en el barrio ocurrieron el pasado 1 de abril. La víctima es un quiosquero de las Tres Mil, familia de un conocido guitarrista flamenco. Ese día sufrió un robo en su negocio. No tardó en saber quienes habían sido los autores y acudió con su hermano a casa de los ladrones para pedir explicaciones y recuperar lo suyo. Allí se rozó la tragedia.

Los dos hermanos recibieron una paliza. Uno de ellos tuvo que ser evacuado de urgencia al hospital con una puñalada en la región lumbar. El pronóstico era muy grave . Las escenas de dolor y rabia se sucedieron en el centro hospitalario desde donde alertaron a la Policía Nacional por miedo a que se pudieran producir disturbios. Así se enteraron las autoridades de lo que había pasado. A las pocas horas, el Grupo de Homicidios identificó a los agresores: tres hermanos cuyo padre es de la familia de los Penanes y la madre de los Gilos . Dos grupos unidos a los Caracoleños, un clan de clanes con capacidad para dictar las normas en esa zona de la capital.

Cuando los agentes fueron a por los sospechosos, estos se habían marchado del barrio. La Policía se topó con la ley del silencio y la imposibilidad de obtener información sobre su paradero. En esos días, la presión fue creciendo sobre la madre de la víctima y sus familiares más próximos para que no dijeran nada. En el barrio también se preguntaban por qué las autoridades no hacían nada y los tres hermanos seguían en libertad.

La Policía arrestó a los agresores el pasado 13 de mayo, un mes y medio después de la pelea. Pero están en libertad a pesar de que los investigadores lo pusieron a disposición judicial como sospechosos principales en un delito de homicidio en grado de tentativa. Cuando los testigos que habían hablado con la Policía tuvieron que ratificarse ante el juez, se echaron para atrás. Se acababa de consumar un nuevo apaño al margen de la ley. Fuentes policiales confirman a ABC que a cambio de su silencio, los agresores han tenido que abandonar el barrio por unos meses. Una solución temporal que añade más conflictividad a un barrio sobrado de problemas.

«Se han marchado pero no muy lejos. Tarde o temprano se van a volver a cruzar con la víctima y ¿entonces qué? Te han dado una puñalada que a punto te trae la ruina, y encima tienes que verte a diario con los culpables. ¿Pero qué justicia es ésa? », detalla otro de esos vecinos que no dan crédito al nuevo episodio que ha inflamado los ánimos en el corazón de la Sevilla más pobre.

El pacto que ha silenciado a una familia lleva la firma no escrita de los Caracoleños. El mismo clan que tuvo que abandonar el barrio en 2009 después de verse implicado en un tiroteo que dejó un muerto. A las Tres Mil habían llegado cinco años antes, en 2004, tras levantar el asentamiento chabolista de los Bermejales. El Gobierno municipal liderado por Alfredo Sánchez Monteseirín entregó a cada familia 42.000 euros para que rehicieran sus vidas y dejaran libre el terreno donde estaba previsto seguir construyendo. Con ese dinero se marcharon a las Tres Mil y ocuparon viviendas públicas . Cuando regresaron al barrio tras cumplir la pena de destierro, rompieron los precintos de las casas donde la Administración había constatado que no tenían título de propiedad y juraron que no se marcharían si no les daban una vivienda. La empresa pública del suelo de la Junta los denunció. Ya ha pasado más de una década de aquello y los Caracoleños siguen en el barrio dictando la ley.