Las ‘mordidas’ de Fitonovo en el Ayuntamiento de Sevilla, a juicio desde el 21 de febrero de 2022

Esta causa, denominada 'Ayuntamiento de Sevilla', es una de las siete piezas separadas del ‘caso Madeja’ que investiga las actuaciones delictiva de la empresa con políticos y funcionarios municipales. También estarán en el lado de los acusados PSOE e IU como partícipes a título lucrativo .

La primera pieza juzgada fue la de 'Administraciones Autonómicas e Insulares ', que abarcó actuaciones en las que intervino Fitonovo en las Islas Canarias, Extremadura y Andalucía, en las zonas de Sevilla y Huelva. Aquí hubo sentencia condenatoria. El segundo juicio comenzará en noviembre y es la pieza principal, que sentará en el banquillo a 33 acusados, entre ellos el dueño de Fitonovo , Rafael González Palomo, su hijo José Antonio González Baro, y los directivos Andrés Brugueras Foye, director comercial, y Ángel Manuel Macedo Gajete, adjunto a la dirección y persona de confianz de González Palomo, controlaba la caja B .

Para el 21 de febrero está fijado el inicio por las 'mordidas' de esta empresa en el Ayuntamiento de Sevilla . Según la providencia de la Sección Cuarta de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso ABC, la vista oral se desarrollará durante 40 sesiones y está previsto que concluya el 17 de junio.

Este juicio concidirá en la misma Audiencia Nacional con la vista oral de otra de las piezas separadas, la que afecta a las diputaciones de Sevilla, Córdoba y Jaén , al Ayuntamiento de La Carolina y las delegación territoriales del Ministerio de Fomento en Cádiz, Huelva y Andalucía Occidental y que comenzará el 1 de marzo y se prolongará, al menos, hasta el día 29 del mismo mes.

En el auto de apertura de juicio oral del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado José de la Mata hace un recorrido inicial por todas las presuntas ilegalidades que encierra el 'caso Madeja', investigadas desde que se pusiera en conocimiento de la Justicia en 2013. De Sevilla pasó a Madrid.

Facturas falsas , caja B , contratos públicos amañados , funcionarios «corruptos» , sobornos, coches regalados, funcionarios «en nómina» o competencia desleal con empresas del sector son algunos de los elementos que salpican esta trama orquestada durante décadas por la empresa Fitonovo para hacerse con contratos públicos en administraciones de todo el territorio nacional a cambio de dádivas a políticos, autoridades y funcionarios.

Según el juez José de la Mata, los dueños y la dirección de la empresa sevillana crearon una infraestructura operativa y contable destinada a obtener contratos públicos irregulares . Contaban con una red de contactos con funcionarios «corruptos» que les facilitaban dicha contratación, así como una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa con un gran número de proveedores para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.

De otro lado, existía una trama societaria que se ocupó de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas, ocasionando un perjuicio a las sociedades que de forma legal pretendían participar en la contratación pública pero nunca ganaban porque partían «en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama».

En el caso del Ayuntamiento de Sevilla , las maniobras de los directivos y comerciales de Fitonovo con funcionarios, principalmente, del área de Parques y Jardines o Vía Pública permitieron que la facturación de la empresa sevillana subiera de forma considerable.

En dicho auto, el juez describe algunas de las operaciones o contratos bajo sospecha entre la empresa y el Ayuntamiento y la actuación de los acusados. El primero que se apunta en esta lista es la adjudicación a Fitonovo del concurso sobre riegos del Parque de María Luisa en el año 2005 por un importe cercano a los 500.000 euros.

La adjudicación se obtuvo por la intermediación del entonces director de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Domingo Enrique Castaño , y del jefe de Sección de Conservación y Mantenimiento del Servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores, también acusado.

Castaño y su mujer habrían recibido durante el periodo investigado dinero de origen desconocido por un valor total de 303.458,52 euros, « un incremento patrimonial que pudo tener lugar por regalos y cobros de comisiones ilícitas » de este procesado relacionado por su cargo con muchas empresas para la adjudicación de contratos.

La Justicia también pone el foco en el macro concurso de conservación y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado viario de la ciudad de Sevilla de 2012, por importe de 48 millones de euros. Fitonovo «resultaría de manera importante favorecida en este proceso y terminó teniendo tres lotes del citado macro contrato a través de sociedades instrumentales». Uno de ellos era de 11,5 millones.

La adjudicación se produjo gracias a la intervención del que fuera jefe del Servicio de Parques y Jardines y del director del Medio Ambiente, el popular Joaquín Peña, ambos acusados, a través de la influencia que sobre este último ejerciera Carlos Alfonso L.P., comercial de una empresa, con la que compartía intereses comerciales. También estuvo relacionado con esta adjudicación un funcionario municipal que prestaba labores de asesoramiento o consultoría a Fitonovo.

Pero la pieza del 'caso Madeja' que protagoniza el Ayuntamiento de Sevilla recoge como elemento relevante la presencia del PSOE e IU como partícipes de los hechos investigados a título lucrativo . Según el auto de apertura de juicio oral, en el que además de los partidos aparecen como imputados trece personas físicas, el PSOE resultó beneficiado en un importe de 159.839,36 euros por la adjudicación a Fitonovo de unas obras en la Agrupación Local Macarena del partido. Constan pagos a los socialistas en «compensación por la adjudicación de distintos contratos públicos».

En concreto, los socialistas Domingo Enrique Castaño y Manuel Gómez Lobo consiguieron que Fitonovo, «a cambio de las adjudicaciones ilícitas y un permanente trato de favor hacia la empresa», asumiera «el pago de las obras que se hicieron» en aquella sede.