Otros dos ex alcaldes declaran hoy como imputados por desacato judicial
ABC Adolfo Balseiro, a la izquierda, ya declaró por este caso; hoy lo hace el también ex alcalde José Luis Tosca, a la derecha

Otros dos ex alcaldes declaran hoy como imputados por desacato judicial

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VALENCINA. Dos ex alcaldes de Valencina de la Concepción, un edil y el secretario municipal declararán hoy como imputados en delitos de desobediencia judicial al no acatar una sentencia que anuló el Reglamento del Personal Funcionario, hecho por el que ya están acusados otros dos regidores.

Fuentes judiciales informaron a Efe de que por este delito ya declararon como imputados, en diciembre pasado, el actual alcalde, Antonio Manuel Suárez (PSOE), y su antecesor, Adolfo Balseiro, del partido independiente PSIV.

Ahora, han sido citados como imputados Francisco José Navarro Gómez (PSOE), que fue alcalde entre 1993 y 2004 y bajo cuyo mandato se dictó la sentencia, y José Luis Tosca Esteban (PP), que ocupó la alcaldía entre 2004 y 2005, junto con el teniente de alcalde de Hacienda Francisco Fajardo Luna.

El juzgado de instrucción 6 de Sevilla instruye estas diligencias a instancias de la Fiscalía, que denunció el presunto incumplimiento, por parte de cuatro alcaldes sucesivos, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que en junio de 2002 anuló 19 artículos de dicho Reglamento.

La anulación se produjo por contener premios no autorizados por la ley, dar 33 días de vacaciones anuales en lugar del mes previsto para todos los funcionarios y comprometer al Ayuntamiento a pagar el 50 por ciento de las hipotecas de sus trabajadores.

Suárez y Balseiro, en su comparecencia, afirmaron a la juez que actuaron de esa manera por consejo de la Diputación de Sevilla, a la que consultaron la situación, y del secretario municipal M.L.R., que ahora figura entre los nuevos imputados.

Artículos anulados

Varios artículos del convenio del Personal Funcionario de Valencina fueron anulados tras una denuncia del abogado del Estado, que entendió que suponían un trato de favor, salarios encubiertos, permisos retribuidos que deben atenerse «estrictamente» a lo regulado por la Junta y otros premios que suponían «un privilegio sobre el resto de la población española».

Entre otros, el Ayuntamiento concedía a todos sus trabajadores, con la paga de marzo, una ayuda generalizada de 300 euros denominada «de prótesis» que, según la sentencia, no estaba vinculada a la necesidad efectiva de tal prestación sanitaria.

Además, el Ayuntamiento se comprometió a dar unas «ayudas a disminuidos» que «suponen un privilegio sobre el resto de la población española», según el TSJA, y unas subvenciones de préstamos hipotecarios anuladas porque «el Ayuntamiento no puede convertirse en una entidad de crédito para sus funcionarios».

La sentencia del TSJA anuló también varias disposiciones relativas a excedencias, planes de jubilación, nocturnidad, desplazamientos, servicios extraordinarios y permisos retribuidos.

El juzgado imputa a los ediles presuntos delitos de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación.