Pelea política tras la tragedia

PSOE e IU piden explicaciones sobre el Grupo Diana de la Policía y el PP culpa a la Junta y habla de «política basura»

sevilla Actualizado:

La clase política de todos los estamentos y colores convirtió ayer en una contienda de acusaciones cruzadas el caso de la mujer degollada por su marido —que posteriormente se suicidó— este fin de semana en el barrio de Monteflor de Sevilla. Todos coincidieron en la condena de los hechos y en trasladar el pésame a la familia. Pero salvo algunos representantes que eludieron entrar al trapo, la batalla dialéctica se desató tras los cinco minutos de silencio que la corporación municipal guardó a las puertas del Ayuntamiento por la mañana. Previamente, desde las filas del PSOE se había criticado el supuesto desmantelamiento del Grupo Diana de la Policía Local, dedicado a asuntos de violencia de género. Y durante el acto, tanto el portavoz socialista, Juan Espadas, como el de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, volvieron a insistir en esta circunstancia. Espadas pidió al delegado de Seguridad y Movilidad, Demetrio Cabello, que «aclare cuál es el modelo que el Ayuntamiento de Sevilla va a plantear en relación con esta cuestión porque tenemos diferentes informaciones al respecto». Y Torrijos añadió que «un caso tan execrable y lamentable como el de este fin de semana confirma que no se puede modificar la estructura policial de prevención, información y concienciación respecto a la violencia de género, desmantelando, aunque sea parcial o temporalmente, el grupo Diana».

Cabello tuvo que responder a estas acusaciones a través de un comunicado considerando «injusto» el ataque de la oposición y aclarando que dicha unidad «ni ha dejado nunca de funcionar ni va a dejar de hacerlo mientras esté este gobierno; más bien todo lo contrario, se le va a dar por fin el empuje que lleva años esperando para ofrecer una protección real y efectiva a las víctimas», por lo que tildó la actitud de Espadas y Torrijos como «ruin e irresponsable porque mienten abiertamente sin importarle hacer política basura con la desgracia de una familia y la muerte de un ser humano». No obstante, recordó que el anterior alcalde socialista, Alfredo Sánchez Monteseirín, firmó un convenio con el Ministerio del Interior en 2004, «y ocho años después aún no se había integrado el Grupo Diana en el Programa Viogen de seguimiento de víctimas de violencia de género». Concretamente, hasta marzo de 2011 no se firmó el convenio de acceso de la Policía Local de Sevilla a dicho programa, pese a lo cual se mantuvo inactivo. En esta defensa le apoyó involuntariamente la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, que aclaró que «la víctima podría haber estado rodeada de policías, vivir el bloque entero lleno de policías y no serviría de nada porque no hay una denuncia previa».

No obstante, Dolores de Pablo-Blanco, delegada de Familia y Asuntos Sociales, sí entró en la discusión y acusó a la Junta de Andalucía, «que es quien tiene las competencias en violencia de género», de no aportar dinero suficiente para esta cuestión. Mientras, la UGT culpaba al gobierno de Rajoy de recortar en tal materia. Y la ministra Ana Mato trataba de saldar este debate afirmando que «es más importante apoyar a las víctimas cuando salen del maltrato que sólo pedirles que denuncien».

Y para unirse al tono mesurado de Cabello, que hasta entonces era el único que se había quejado de que no era momento para hacer uso político de una tragedia así, concluyeron las declaraciones el consejero de Justicia, Francisco Menacho, que se negó a entrar en la polémica y se limitó a condenar la lacra de la violencia de género; y la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, que se expresó en términos similares.

Por último, el portavoz del gobierno, Curro Pérez, envió un mensaje conciliador y condenó el crimen en nombre de la institución, ya que, según fuentes oficiales, el alcalde, Juan Ignacio Zoido, se encontraba fuera de Sevilla por asuntos personales.