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Entrevista

«Lo del permiso retribuido me recuerda al muro que iba a construir Trump y que pagarían los mejicanos»

Alberto Pérez Solano, director de MA Abogados, teme que se abrsa un período de gran litigosidad contra el Estado tras el fin de la crisis sanitaria, aunque confía en que no se produzca un gran colapso

Alberto Pérez Solano en la sede de su firma en Sevilla Rocío Ruz

Jesús Álvarez

Alberto Pérez Solano es director de MA Abogados en Sevilla , firma nacional fundada por José María Michavila y Ángel Acebes (de la que él también fue fundador) y que asesora a muchas medianas y grandes empresas en materia fiscal, laboral y administrativa.

Usted sigue trabajando en su despacho, aunque los juicios están suspendidos. ¿Los abogados siguen siendo esenciales durante el estado de alarma?

Aunque los sucesivos decretos que se han ido sucediendo a raíz de la proclamación del estado de alarma no han dejado clara nuestra situación a efectos del desplazamiento de nuestros profesionales, tenemos claro que nuestro trabajo es absolutamente esencial en estos momentos. Por nuestra parte, desde antes de la declaración del Estado de Alarma, tomamos la iniciativa de acudir a nuestros clientes a alertar y preparar la reacción, hemos constituido o ayudado a constituir múltiples «gabinetes de crisis» para imprimir templanza, mantener informados, resolver dudas, calmar la ansiedad que se ha venido agravando por el desconcierto que causa las sucesiva y acelerada entrada en vigor de tanta normativa, no siempre clara o no contradictoria.

Cuando todo esto pase, los profesionales a los que no les va a faltar trabajo van a ser, entre otros, los psicólogos y los abogados matrimonialistas. A los abogados de empresa tampoco parece que les vaya a faltar.

Es cierto que se augura para la abogacía de empresa un escenario de muchísimo trabajo por el previsible el aumento de litigiosidad, entre empresas y también entre empresas y la Administración. Con independencia de que muchas empresas tengan que acudir al concurso de acreedores, que ojalá sean las menos, la verdad es que los reales decretos leyes y el resto de la normativa del Gobierno están creando un caldo de cultivo para conflictos judiciales que creo que podrían evitarse.

¿De qué tipo?

No cabe duda de que la situación de crisis sanitaria propicia que un buen número de empresas o particulares incumplan sus contratos, en muchos casos, no por su voluntad, sino por imposibilidad de cumplimiento y en otros, por las dificultades en los que esta situación de crisis, indudablemente les han creado, arguyendo causas de fuerza mayor sin que, en mi opinión, esto esté siempre justificado.

¿Cuándo es causa de fuerza mayor y cuándo no, en su opinión?

Esa pregunta es imposible de responder sin ir al caso concreto. Pienso que la vigencia del contrato no debe estar en cuestión sino atender a cómo afecta la fuerza mayor a las prestaciones. Son cuestiones técnicas. Nuestra recomendación es tratar de encauzar las relaciones contractuales a través del sentido común y promover la adaptación, de buena fe, de las condiciones a las circunstancias. Ni el propietario de un inmueble arrendado ni el arrendatario titular de la explotación, tienen responsabilidad de que la actividad no se pueda desarrollar por un Real Decreto que obedece, además, a circunstancias de fuerza mayor, como una pandemia. Tengo clientes en los dos lados y lo que estoy diciendo a los arrendatarios es que no pueden incumplir sus contratos y a los propietarios que deben de entender a sus arrendatarios, que son sus propios clientes. Lo mejor es negociar y compartir la carga entre todos y para acercar posturas, generar ideas y ponerlas negro sobre blanco estamos nosotros, más que para generar conflictos.

¿Cómo podría hacerse?

En arrendamientos, congelando la renta tal vez y repartiéndola en meses sucesivos tras la salida de la crisis, modificando los plazos de pago o bonificando mensualidades, etcétera. Hay múltiples ideas, pero siempre con acuerdo, mejor que incumplir unilateralmente alegando causa de fuerza mayor o cualquier otra cosa.

«Con las medidas y los vaivenes legales sobre los ERTE no se está creando el mejor marco para ayudar a las empresas y a crear empleo»

Algunos juzgados mercantiles de Sevilla estaban señalando juicios para dentro de dos o tres años. ¿Es posible que las demandas de unos y otros puedan colapsar los juzgados tras el fin de la crisis sanitaria?

Esto es un temor real que se comenta en nuestro ambiente, aunque personalmente pienso que no tiene por qué ser tan así. Por un lado, creo que todos los que tenemos despachos profesionales hemos pensado en aprovechar el parón para ponerlos en orden y al día, aunque a la vista está que por ahora no hay mucho tiempo para eso, pero estoy seguro de que los órganos judiciales están haciendo la misma reflexión y piensan en hacer lo mismo y aliviar los procedimientos atascados. Confío mucho en que los jueces y el resto del personal judicial estén trabajando y aprovechando este periodo para, en la medida de los medios a su disposición, adelanten en resoluciones, preparando preparando proveídos, organizando calendarios y adelantando mucho de tanto trabajo que a veces se va acumulando. Esto puede hacer que el impacto de lo que vaya a venir después sea menor.

¿Augura muchas demandas contra el Estado?

Hay un ambiente entre las empresas en el que sienten que el tratamiento que está dando la Administración a esta crisis, tanto con las normas como con su aplicación, no es justo para ellas y están preparándose para resarcirse en su momento. Especialmente en cómo se está lidiando con los contratos del sector público y quizás un sector especialmente afectado sea el de la construcción. No ayuda la poca claridad, a veces, de las normas y sus contradicciones o sus modificaciones en espacios de tiempo cortísimos. Un ejemplo pueden ser las suspensiones de las obras públicas, ya que el procedimiento que se ha establecido, en conexión con el de los expedientes de regulación temporal de empleo especiales y, sobre todo, por las dificultades que genera en los casos concretos la propia Administración contratante, crea, situaciones a veces desconcertantes. Tenemos administraciones que al mismo contratista, en dos contratos distintos, suspende las obras porque sus técnicos se niegan a ir en el primero y en el segundo, no admite suspender ni aun justificando circunstancias como la paralización de suministros o la incomparecencia de las subcontratas. Hay muchas empresas a las que se les pueden denegar los ERTE sin justificación o no puedan presentarlos por fuerza mayor o les cambien el paso en medio del proceso y que consideren que deben repercutir a la Administración sus daños económicos.

¿El permiso retribuido obligatorio de estos nueve días también será fiuente de conflictos?

Lo del permiso retribuido me recuerda a lo del muro que decía que iba a construir Donald Trump en la frontera con México y que encima lo iban a pagar los mejicanos. Personalmente no ha gustado, porque pienso que la Administración tiene todas las facultades y el deber de imponer las normas de confinamiento y limitadoras de la movilidad que considere necesarias para salvaguardar la salud de los españoles. No es justo inmiscuirse en la libertad de empresa; además, aparentemente, sin siquiera consultar a las patronales y obligarles a pagar el cierre de las actividades no esenciales sin permitirles organizarse internamente con sus trabajadores.

Dice el Gobierno que esas horas se recuperarán.

Permítame que sea escéptico sobre la realidad de la recuperación real de las horas de trabajo que se pierdan y de la calidad de esas horas que formalmente se recuperen. Creo que se no ha sido una actuación afortunada y va a perjudicar tanto al empresario como al trabajador y a la sociedad, porque lo que ocurra en las empresas afectará necesariamente al empleo.

Prohibición de despidos objetivos: «Aprovechados los hay de todos lados, pero ningún empresario quiere despedir a nadie ni va a aprovecharse de esto»

Que no se pueda despedir por razones objetivas que tampoco gustará mucho a los empresarios afectados por el cierre de su actividad.

Creo que con esa medida se está también afectando al principio constitucional de la libertad de empresa y no ayudan los vaivenes de las medidas laborales paliativas de crisis: al principio la suspensión de los contratos vía Erte por fuerza mayor por ejemplo, tenían el límite de la duración de la situación de crisis creada por el Covid-19, de la que el estado de alarma era una medida más, luego se ha restringido a la duración del propio estado de alarma. Ademásm se introduce el PRR, el acogimiento a un ERTE se obliga a mantener la plantilla laboral al menos durante seis meses, con independencia de que las circunstancias económicas permitan o no ese mantenimiento y a eso le añades la prohibición de despedir por razones objetivas y la amenaza de sancionar a las empresas por los ERTE de fuerza mayor que la Administración posteriormente revise, pudiendo llegar a que tengan que devolver hasta el paro cobrado por sus empleados. En la situación actual, siendo imposible predecir la situación dentro no ya a seis meses sino de seis días, no parece que se esté creando por el Estado el mejor marco para ayudar a las empresas y al empleo.

¿No cree que algunas empresas podrían aprovechar el coronavirus para despedir a sus empleados más veteranos ahorrándose mucho dinero de sus indemnizaciones?

Aprovechados los hay en todos lados, pero yo lo que estoy viviendo a diario es precisamente es lo contrario. Ningún empresario quiere despedir a nadie y creo que ninguna empresa con capacidad para producir y aguantar va a aprovecharse de esto. Lo que quieren es seguir toda la actividad posible, luchar por sacar adelante sus empresas y, le digo más, ayudar en lo que puedan a la Administración, a la sociedad y a las personas en concreto a ganar esta batalla. Y también lo veo en los trabajadores. A diario. Quieren trabajar siempre que puedan. Por decirlo de una manera sencilla, que si esto se cae no sea porque no estamos haciendo todo lo que podemos. Esta es la actitud que observo.

Los bancos y otras grandes compañías se han unido para comprar materiales sanitarios que escasean y otras han reorientado su actividad económica para poder producirlos. ¿Es patriotismo económico?

Exactamente. Muchas empresas han adoptado la actitud de ayudar y otras han tratado de hacer negocio, como es legítimo, pero ayudando también cubriendo esa necesidad que existe. Lo que está primando es ayudar. Conozco gente que ha cambiado el chip y está importando otras cosas y en vez de traer bicicletas importa fármacos, mascarillas o equipos de protección individual. Al reorientar la actividad productiva, la empresa puede continuar y no tiene que hacer ningún ERTE ni despedir a nadie.

Inditex y Coca-Cola, entre otras grandes empresas, han decidido no hacer ERTEs. ¿Es responsabilidad social corporativa no cargar esos sueldos y cotizaciones sociales al Estado y favorecer que haya dinero para las pequeñas y medianas que no tienen liquidez y no se lo pueden permitir?

Son buenos ejemplos. No pienso tanto en el Estado como en las personas, porque al final el dinero del que dispone el Estado, es el que le ingresamos nosotros con nuestros impuestos y solo pienso en términos de agradecimiento a Inditex y al resto de las empresas que, con músculo financiero, puedan hacerlo. Cada cual apoya según sus posibilidades. Vería muy bien que todos, en mayor o menor medida, lo hicieran en su ámbito. Todos podemos hacer algo por el bien común. Insisto en que esta es la actitud general que estoy viendo en mucha gente.

¿A qué se refiere?

A cierta confusión. Se ha transmitido la idea de que los impuestos con carácter general se han aplazado, como apoyo a todos los ciudadanos, lo cual evidentemente no es real. En relación a las empresas, las medidas fiscales son mínimas, casi diría que irrelevantes, poco más de extender el aplazamiento sin garantía para el IVA repercutido, retenciones y pagos fraccionado, sin a una medida ya existente para otras deudas, y con el límite de 30.000 euros. O que las deudas liquidadas por la Administración se puedan pagar el 30 de abril, pero esto afecta a muy pocos tributos significativos, el IBI y poco más. Con las importantes, como el Impuesto de sociedades o el IRPF, no se ha hecho nada trascendente.

«Se ha transmitido la idea de que los impuestos se han aplazado con carácter general, lo cual no es real. El Gobierno no lo ha hecho pero la Junta de Andalucía sí. Son dos dos formas diferentes de actuar»

Italia ha aplazado el pago de casi todos sus impuestos. ¿Se debería haber hecho también en España?

El Eurogrupo ha recomendado que se ayudara a los contribuyentes y a las empresas en el pago de impuestos con aplazamientos generales y es verdad que se ha hecho en Italia y otros países. No entiendo que no se haya hecho aun por el Gobierno de España porque, por ejemplo, el de la Junta de Andalucía sí lo ha hecho en los impuestos que tiene transferidos. Son dos formas muy diferentes de actuar.

Pero se ha comprometido a avalar el 80 por ciento de los créditos que necesiten las empresas.

Pero tampoco es tan evidente. Esos créditos ICO ya se han agotado en algunas entidades bancarias y, además, están endureciendo condiciones y cobrando unos intereses altos, que no se corresponden con una confianza en la seguridad del aval del Gobierno. Hay algunos bancos que explican que han cortado alegando que han dado por agotado su cupo. No sé si lo reabrirán más adelante pero me temo que será en condiciones más duras.

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