La planta de reciclaje de Estepa usó otra finca como vertedero porque no cabía más basura en la balsa

Según ha podido confirmar este periódico, esta «solución» se practicó entre noviembre de 2019 y enero de 2020 en una parcela vallada dentro del propio complejo Matagrande gracias a una autorización que dieron los responsables del Consorcio, que incluso encargaron la construcción de una plancha de hormigón sobre el terreno rural para depositar allí los restos y creó un vertedero provisional para poder seguir funcionando hasta habilitar otra balsa en la que enterrar los residuos. Las imágenes tomadas en esta segunda finca demuestran que la planta de reciclaje no habría separado la basura, ya que además de muchas bolsas sin abrir desde que fueron depositadas en el contenedor, entre los vertidos se distinguen elementos de vidrio, plástico, madera, textil y materia orgánica amontonados . Además, en uno de los vídeos a los que ha tenido acceso este periódico se puede apreciar cómo el camión de la basura vuelca su contenido en el terreno tal como llega al recinto sin pasar por la polémica planta de Matagrande.

Estos hechos fueron denunciados por un trabajador del Consorcio ante la Fiscalía en 2017 , pero el Ministerio Público no puso el caso en manos de la Policía hasta finales de 2019. La Udef investiga desde entonces las operaciones económicas que llevaron a cabo en este organismo público sus principales responsables: el secretario, José Antonio Mañas; el gerente de la planta, Manuel Ibáñez; y el presidente hasta octubre de 2019 y alcalde de Casariche, Basilio Carrión. En el sumario los agentes subrayan que habrían desviado al menos 1,3 millones de euros a través de un contrato de arrendamiento de los camiones con una empresa pantalla, Magno Ambiental del Levante, que era propiedad de los dos primeros y de sus esposas y que en realidad tenía su sede social en un solar abandonado de la localidad de Benferri , en Alicante. Según la investigación, este desvío pudo llevarse a cabo inflando el precio de los camiones de basura y reduciendo el número de vehículos. La Policía asegura que sólo había dos camiones pese a que el contrato de alquiler inicial era para cuatro, lo que podría explicar que retiraran la basura y la volcaran directamente en la balsa, sin pasar por el reciclaje, para ahorrar tiempo y que no se notara la reducción de medios.

Además, muchos trabajadores de la planta eran candidatos del PSOE en pueblos de la comarca y familiares, lo que también podría explicar la falta de capacitación de estos empleados para las labores de reciclaje reciclaje. De hecho, el denunciante aseguró a la Fiscalía que en muchas ocasiones sólo había dos personas, de manera que la basura pasaba por la cinta sin que diese tiempo a separar los restos.

Por el momento, la segunda operación policial llevada a cabo en el Consorcio a finales de junio, que se saldó con nueve detenidos y la incautación de más de cien mil euros en efectivo y varios vehículos, está bajo secreto de sumario. El juez de instrucción número 2 de Estepa que dirige el caso ordenó una serie de registros y hasta ahora ha centrado todas sus pesquisas en la trama económica, aunque la Policía ya ha practicado diligencias para destapar el posible fraude medioambiental . Sin embargo, en la primera fase del caso, que comenzó con una operación de la Udef el pasado 30 de enero, ya se ha levantado el secreto. Según esta parte del sumario, el alcalde de Casariche, Basilio Carrión , que se acogió a su derecho a no declarar ante la Policía, ya ha tenido que comparecer ante el juez como investigado. El socialista firmó el contrato de arrendamiento con la presunta empresa pantalla que desvió los fondos y luego rubricó varias órdenes de pago a esta sociedad. Junto a él están siendo investigados el secretario y el gerente del Consorcio, sus respectivas esposas y otro empresario al que le compraron la sociedad con la que se llevó a cabo el desfalco y al que apodaban «el Gordito», mientras que el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, ha sido citado por el juez como testigo aunque la Policía pone en entredicho su versión.

Estos hechos han provocado un cisma entre los trabajadores de la planta de reciclaje, ya que algunos de ellos han colgado papeles en los tablones de anuncios denunciando que hay dentro del complejo medioambiental un «topo» que ha destapado este fraude económico y ecológico en el que el PSOE, de momento, guarda silencio.