Antonio Rodrigo Torrijos, durante una intervención en el Pleno del Ayuntamiento
Antonio Rodrigo Torrijos, durante una intervención en el Pleno del Ayuntamiento - JUAN JOSÉ ÚBEDA

Las polémicas de Antonio Rodrigo Torrijos en el Ayuntamiento de Sevilla

Sevilla Global, Fundación DeSevilla, el Merca, Fitonovo… El exportavoz de IU reclama ahora que se restituya su honor ante la absolución de Mercasevilla, pero otra cosa es la responsabilidad política

ALBERTO GARCÍA REYES
SEVILLAActualizado:

La absolución de todos los acusados por la venta de los suelos de Mercasevilla ha puesto fin a un largo proceso tras el que algunos de los afectados reclaman ahora su restitución política. El que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento gobernado por Alfredo Sánchez Monteseirín, Antonio Rodrigo Torrijos, ha solicitado a IU su reingreso en el partido con los mismos cargos que tenía antes de este proceso judicial con el objetivo de rehabilitar su honor, ya que en su opinión se vio obligado a dimitir como consecuencia de un acoso judicial impulsado por el PP que ha quedado en nada. Torrijos incluso ha planteado la posibilidad de demandar a la juez Mercedes Alaya por las consecuencias del proceso, se ha quejado a la Fiscalía de que está sembrando dudas y ha exigido públicamente a Juan Ignacio Zoido que le pida perdón por lo que supuestamente le hizo. Y para justificar su enojo enumera los casos en los que ha estado implicado y de los que ha salido indemne penalmente: Sevilla Global, la Fundación DeSevilla y ahora Mercasevilla. El tiempo ha demostrado que Torrijos no incurrió en ningún delito durante su gestión y que la vía judicial fue excesiva. Sin embargo, la absolución no le exime de su responsabilidad política, que sí está más que acreditada. Y a eso hay que sumar su implicación, todavía no resuelta, en la trama de comisiones de Fitonovo, por la que sigue siendo investigado por parte de la Audiencia Nacional. Analicemos con datos la gestión del que fuera primer teniente de alcalde y la situación exacta en la que han quedado los casos investigados.

Mercasevilla: «Un proceso kafkiano»

En una entrevista concedida a Radio Sevilla, el que fuera portavoz de IU en el Ayuntamiento se ha quejado de que «un proceso kafkiano de este tipo, que dura tanto tiempo, que se hace en un proceso electoral, que tiene una influencia sobre el mismo proceso electoral para tumbar a un Gobierno que no se quería y favorecer la llegada de otro, ha tenido un efecto no tan solo social y político, sino también personal, que habrá influido en mi salud». Insinúa Torrijos públicamente que la instructora actuó motivada por causas ajenas a la investigación y que sólo perseguía tumbar su gobierno. Sin embargo, la Fiscalía ha defendido la labor de Mercedes Alaya y, aunque no va a recurrir la sentencia, la sigue considerando injusta porque entiende que «el concurso fue un paripé». Ante el comunicado de la fiscal jefe en el que asegura que el fallo fue absolutorio en la misma medida en que podría haber sido condenatorio, ya que lo que se pone en duda es la validez de las pruebas, el político comunista también se ha quejado porque considera que no se despejan las dudas sobre su actuación. En todo caso, la absolución le exime de cualquier responsabilidad penal, pero no de haber sido el vicepresidente de Mercasevilla que aplaudió públicamente la labor de Fernando Mellet, condenado por intentar cobrar comisiones.

«Que Zoido se pronuncie y pida perdón»

La absolución del caso de los suelos también ha llevado a Torrijos a exigir públicamente que el exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, le pida perdón. Sin embargo, ese proceso no lo denunció el PP, sino que fue una pieza separada abierta «motu proprio» por la juez. El PP se personó en la causa durante la instrucción y después se retiró, por lo que ni siquiera formuló acusación en el juicio. Sí lo hizo la propia Mercasevilla estando ya gobernada por Juan Espadas.

La absolución de Sevilla Global

Tres trabajadores de la empresa Sevilla Global denunciaron a Torrijos por coacciones. Tras un rápido proceso de instrucción, el juez archivó la denuncia porque no apreciaba infracción penal. Sin embargo, por la vía laboral el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sí condenó a su partido, bajo su mando, a reintegrar a un trabajador de esta empresa municipal despedido por «razones políticas» y «vejatorias». Según la sentencia, el despedido sufrió la «indigna vejación personal y profesional que para un trabajador supone que dos personas ajenas y externas a la empresa, por el mero hecho de ser políticos, lo amedrenten», en referencia a Antonio Rodrigo Torrijos y Carlos Vázquez. «Tratándose de una instrucción política, que es laboralmente ilícita e ilegítima, fue llevada a cabo empresarialmente contra él, afectando con ello a su prestigio profesional, tanto internamente en la empresa como fuera de ella por su repercusión mediática», concluye. Este caso está relacionado con la famosa grabación en la que Torrijos y Vázquez ordenaron al gerente de Sevilla Global que no diera ninguna orden que no estuviera supervisada por ellos y que los trabajadores que le apoyaran tendrían que «atenerse a las consecuencias». Días después hubo varios despidos y se contrató a militantes de IU. La sentencia, ratificada por el Supremo, considera probado el «panorama discriminatorio sufrido» por el trabajador, que «no tenía afiliación política, al negarse a secundar tal consigna, y que de esta manera vio violentada su libertad ideológica y sufrió una discriminación por razón de opinión». Un caso políticamente indefendible.

La absolución de la Fundación DeSevilla

Torrijos concedió una subvención desde su Delegación de Relaciones Institucionales a la Fundación de Sevilla, dirigida por una persona que él había designado para ese puesto, Miguel López Adán, con destino a cooperación al desarrollo de casi un millón de euros para proyectos en Cuba o Nicaragua. Sin embargo, esta cantidad nunca se justificó. El Ayuntamiento, ya gobernado por Zoido, denunció el caso y el juez de instrucción número 16 imputó a López Adán, a Torrijos y a Carlos Vázquez. Finalmente la Fiscalía pidió el archivo de la causa contra Torrijos y Vázquez, a los que sólo les arroga responsabilidad administrativa, y mantuvo la acusación únicamente contra el gerente, que se sentará en el banquillo, ya que el dinero no se ha devuelto y tampoco se ha explicado su paradero. Es decir, la causa penal sigue abierta por la desaparición de unos fondos que salieron del departamento de Torrijos, cuya responsabilidad política es obvia.

El caso Madeja

Con motivo de la investigación de los suelos de Mercasevilla, la juez Alaya abrió otra pieza separada para averiguar las razones del supuesto enriquecimiento patrimonial del asesor de Monteseirín Domingo Enrique Castaño. La Guardia Civil descubrió el presunto pago de mordidas a este asesor por parte de la empresa Fitonovo, que fue registrada. Allí se encontró una «contabilidad B» que también implicaba a IU. El propio empresario declaró que había entregado dinero en una caja de zapatos a Antonio Miguel Ruiz, un asesor directo de Torrijos, a cambio de supuestas adjudicaciones públicas. La juez imputó a Torrijos y a su sucesor, José Manuel García, a quienes llegó a imponer una fianza de casi medio millón de euros que luego rebajó la Audiencia Nacional, donde actualmente se lleva a cabo la instrucción, en la que no se ha personado ningún partido político. Torrijos continúa como investigado.

Conclusión: Ni todo ha sido tan negro como se planteó en los juzgados, ni todo ha sido tan blanco como ahora defiende Torrijos. Porque sus responsabilidades políticas en aquellas polémicas nunca se han desvanecido.