Más de 40 personas se sientan en el banquillo por el supuesto amaño de las oposiciones a la Policía Local
Más de 40 personas se sientan en el banquillo por el supuesto amaño de las oposiciones a la Policía Local - Raúl Doblado

Los policías que destaparon el amaño de las oposiciones tuvieron que dejar el Cuerpo

Los tres agentes fueron relegados de sus puestos y hostigados a pesar de que la actual fiscal general del Estado, María José Segarra, alabó su trabajo

SevillaActualizado:

La historia del Grupo Especial de la Policía Local de Sevilla, el denominado Gepol que creó el Ayuntamiento para los asuntos internos del Cuerpo, da para una novela negra. El juicio por el presunto amaño de las oposiciones celebradas en 2012 ha comenzado con una nueva ofensiva a esta unidad, que fue la que destapó el caso.

Toda la estrategia de las defensas se ha centrado en desacreditar la legitimidad de este grupo para llevar a cabo la investigación. Sobre el fondo del asunto, que es la filtración del examen a 37 aspirantes que en su mayoría tienen vínculos familiares con otros miembros de la Policía Local, apenas ha habido pronunciamientos.

Todo se centra en el Gepol, que ya ni siquiera existe porque fue disuelto por el actual alcalde, Juan Espadas, después de recibir numerosas presiones por parte del sindicato de la Policía Local, el Sppme, que tiene intereses directos en este escándalo. El hijo del presidente sindical, Manuel Bustelo, es uno de los procesados por beneficiarse supuestamente del amaño. Y un histórico sindicalista, Manuel Baso, se sienta también en el banquillo como responsable de la posible filtración.

En este contexto, el Sppme denunció ante el Ayuntamiento que el Gepol no podía llevar a cabo la labor que se le había encomendado porque no estaba registrado en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. Espadas cedió a esta pretensión y acabó con él prometiendo la creación de una nueva unidad reglada de asuntos internos que por ahora no se ha puesto en marcha. Por lo tanto, los agentes que habían investigado a sus compañeros fueron destinados de nuevo a sus puestos originales.

Y, según denunciaron ante el departamento municipal de Recursos Humanos y ante la Fiscalía, fueron víctimas de una campaña de acoso laboral que acabó arruinando sus carreras. El jefe de la unidad está de baja tras ser reubicado en la comisaría de la que procedía, la de Nervión, donde denunció varios problemas con otros integrantes del Cuerpo a su vuelta. Y los otros dos componentes han corrido la misma suerte: ambos se han prejubilado por problemas psicológicos tras haber sufrido varias amenazas denunciadas por la propia Fiscalía, aunque se archivaron por falta de pruebas. Curiosamente, la mujer que componía este departamente, que era la esposa del jefe, había sido reintegrada en Transmisiones, una unidad a cuyo mando estaba el padre de uno de los procesados.

Los informes médicos acreditaron poco después los problemas de depresión que esta situación le había provocado y el tribunal le diagnosticó una incapacidad para el desempeño de sus funciones. Los tres, por tanto, están apartados de sus funciones y con sus respectivas carreras arruinadas.

El origen

Este grupo fue creado, siendo alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, por el entonces jefe de la Policía Local, José Aulet, recientemente fallecido. La idea de montar un grupo de asuntos internos nació después de que varios policías le hicieran a Monteseirín un «escrache» en su casa para reprocharle el incumplimiento de ciertas medidas. Coincidiendo con aquella escena saltó desde los juzgados un caso que salpicaba a tres agentes en activo. Se trataba de la operación «Pájaro», en la que el juez pinchó el teléfono de un policía que supuestamente formaba parte de una banda de narcotraficantes.

Ese agente acabó siendo condenado tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, pero los pinchazos telefónicos sirvieron para abrir una nueva rama sobre el cobro de tasas de transportes de grandes mercancías sin dar cuenta al Ayuntamiento. Es decir, había tres miembros del Cuerpo que cobraban la tarifa de la Policía por acompañar a camiones y luego se quedaban con el dinero. Esta fue la primera investigación que hizo el Gepol.

Y ahí comenzaron los problemas internos, que se incrementaron cuando la Fiscalía encargó a esta unidad que investigara una supuesta trama de falsificación de partes de asistencia a juicios para cobrar las dietas por parte de un grupo de agentes. Todos fueron absueltos en el juicio por falta de pruebas, pero la actual fiscal general del Estado, María José Segarra, felicitó a los componentes de la unidad por el «extraordinario celo» con el que habían elaborado sus investigaciones, que habían desembocado en procesos penales.

Pero el verdadero conflicto se desató con el amaño de las oposiciones. Casi 40 aspirantes aprobaron, según las pesquisas, gracias a que conocían con antelación el contenido del examen. El juez señaló como principal responsable al superintendente Juan José García, que impugnó todas las diligencias del Gepol alegando que se trataba de un grupo que no tiene competencias judiciales y que está compuesto por agentes que no tienen la formación adecuada. Pero la Audiencia tumbó esta teoría en varios autos. Al mismo tiempo, el portavoz del Sppme en la Junta de Personal del Ayuntamiento puso una denuncia contra Juan Ignacio Zoido por prevaricación por mantener esta unidad, pero el juzgado de instrucción número 8 la archivó. La presión se fue incrementando y Espadas acabó disolviendo el grupo. Y desde entonces sus tres componentes han denunciado una campaña de «hostigamiento».

«Empezó a grabarlo con su teléfono móvil al tiempo que con la otra mano y encarándose con él hacía el gesto de pasarse el dedo pulgar de un lado a otro del cuello», decía la denuncia que puso la Fiscalía contra un policía que se dirigió en una procesión de la semana santa a uno de los miembros del Gepol. Además, «realizó un último gesto que fue el de simular con la mano un disparo dirigido», añadía. Nada se ha podido probar porque no había testigos. Pero la realidad es que los tres investigadores que sacaron a la luz todas las corruptelas de la Policía Local están actualmente retirados. Dos de ellos han sido declarados como psicológicamente incapacitados para ejercer su trabajo por parte de distintos tribunales médicos. Y el otro, que es el jefe de la unidad, está a la espera de que se le realice la valoración pericial para dejar también el Cuerpo por las mismas razones que sus compañeros.

Entre tanto, han denunciado un acoso insoportable en las comisarías en las que trabajaban y una campaña de vejación por parte del sindicato, que en su revista les ha dedicado calificativos de todo tipo. El Ayuntamiento liquidó la unidad alegando su alegalidad administrativa, pero nunca les defendió de las amenazas de denunciaron. El Gepol no interesaba. Así de claro.