Denuncian en el juzgado la licencia de la nueva residencia de la Palmera

La intención de los firmantes, que están unidos a diversas asociaciones vecinales, paisajistas y conservacionistas, es que se revoque la licencia, concedida el mismo día en el que el propio Ayuntamiento suspendió los nuevos visados para las residencias en esta zona. Además, ahora se le añade un nuevo factor que, a juicio de estos expertos, podría tener éxito: la vía judicial. Un vecino , de profesión notario, ha denunciado ante el Juzgado número 7 de Sevilla , la licencia concedida por Urbanismo para la residencia de La Palmera 38. Un grupo de residentes, apoyados por estas asociaciones, intentaron detener el derribo del chalé y la construcción del edificio por la vía administrativa, pero no surtió efecto, por lo que han decidido ir a los tribunales.

Tampoco ha tenido resultado, de momento, la reunión con los responsables de la Gerencia de Urbanismo que tuvo lugar el pasado 9 de diciembre. El ya exalcalde, Juan Espadas, no atendió a los firmantes de la misiva que le remitieron el pasado mes de noviembre y lo que hizo fue desviar la entrevista a la Gerencia, que defendió que su actuación había estado «dentro de la legalidad».

De esta forma, además de la vía judicial, los denunciantes exponen los motivos por los que consideran que la licencia para esta última, al igual que las otras tres ya construidas, es ilegal. «El Ayuntamiento debería haber creado un órgano para el seguimiento de la ejecución del PGOU» pero «la actual comisión de seguimiento no cumple en absoluto las condiciones prescritas, ya que no funciona en la práctica y no se reúne desde febrero de 2019».

Por otra parte, no entienden cómo el gobierno municipal, aun reconociendo que existen defectos de planeamiento y acordando el Pleno la modificación del Plan General y la suspensión de licencias en junio, concedieron el visado a la residencia de Palmera 38 el mismo día . «Esto merece una explicación detallada a la ciudadanía», exigen los arquitectos, porque esta aprobación llegó un mes después de que el Consistorio anunciase que se iban a suspender todas las licencias, tras admitir que había errores y sólo seis días después de que se presentara el modificado del proyecto básico. Es decir, que se autorizó por la vía rápida para llegar a tiempo antes de que fuesen suspendidas las nuevas autorizaciones para la construcción de estos edificios que han generado alarma social.

Por ello, defienden que habría que derribar las tres residencias ya construidas en la Palmera, lo que a su juicio «parece difícil», y en el caso de la cuarta (Palmera 38), «parar la construcción o modificarla para mitigar su impacto», algo que «podría ser más fácil».

Por otra parte, se preguntan cómo responderá el Consistorio a las nuevas necesidades que demandarán los 1.500 estudiantes que pasarán a residir en estos nuevos alojamientos. «No demandan guarderías y escuelas, pero sí zonas verdes y jardines, paseos peatonales, infraestructuras técnicas, transportes y movilidad, basutas, dotaciones sanitarias de atención primaria, parques deportivos, centros cívicos... ¿Quién paga estos equipamientos? ¿Dónde está la captación de las plusvalías urbanísticas para la ciudad?» , se preguntan, en clara alusión a la actitud colaborativa del Ayuntamiento con los fondos de inversión que intervienen en estas promociones y que son los «únicos beneficiados».

Más allá de la cuestión patrimonial, por la falta de protección de este sector de la Palmera, estos tres arquitectos se hacen eco de los perjuicios que las residencias, como ésta de Palmera 38, ocasionan a los vecinos. «El uso residencial resulta penalizado porque son inviables las casas existentes sin posibilidades de división o ampliaciones, alterando la vitalidad residencial», señalan, añadiendo que «provocan la marginación de un sector de la ciudad que antes fue prestigioso y vivido».

Por todo esto, exigen un mayor control de la gestión urbanística del PGOU «ya que se viene observando que no sólo existe una interpretación errónea en algunos de los artículos de las normas urbanísticas, sino también de las modificaciones puntuales del PGOU que se están redactado». A juicio de Gómez Stern, Queraltó y Ferrari, se debería hacer un informe previo y que la modificación del PGOU abordase también la zona del futuro Distrito Portuario , es decir, un área más extensa que se rija con los mismos parámetros de planeamiento que en el futuro deberá tener la Palmera.

Por último, piden que se realice «una reflexión» sobre «la falta de sensibilidad de la Gerencia de Urbanismo» al permitir que se hayan producido estas incidencias por «la falta de coordinación interna entre los departamentos de licencias y de planeamiento». Así, además de la «desidia y la falta de rigor técnico», critican que «tendrían que haber parado todo esto antes de la cadena de daños producida».