El perito judicial cifra el fraude del 'caso Marismas' en 14'8 millones de euros

Según el informe que cierra una investigación judicial de casi una década, al que ha tenido acceso ABC, la certificación emitida «difiere respecto de la certificación comprobada en 14.880.474 euros» y la mayor parte del desvío se produjo en los movimientos de tierra. El documento firmado por el perito indica que «la diferencia en ejecución material correspondiente a la certificación número 39 menos la certificación a precios tras adjudicación asciende a 7.772.008 euros» y «de esa diferencia, un importe de 7.003.668 euros, con un 90 por ciento de la total, corresponden al alza exclusivamente de los precios de los movimientos de tierras de las balsas y a los movimientos de tierras y tuberías de la red de riego».

También se han detectado «diferencias por valoración nula en la certificación 39 comprobada, debido a unidades de obra ejecutadas que no se ajustan a la descripción de la unidad de obra aprobada en el presupuesto por importe de 2.860.115 euros». Esto demuestra que se llevaron a cabo obras a sabiendas de que eran inútiles con el único fin de justificar la subvención europea. Por lo tanto, el fraude no sólo afecta al dinero desviado, sino a la estafa constructiva que supuso el proyecto de modernización solicitado por la Comunidad de Regantes del Guadalquivir, ya que el dinero que sí se usó en los trabajos también se ha perdido porque el resultado final es una obra inservible que se hizo como mera coartada para acceder a los fondos.

La clave está en que era la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía la encargada de dar el visto bueno a las certificaciones para obtener las ayudas europeas aprobadas y desde este departamento público se validaron de manera sucesiva los justificantes falsos. Por esta razón están siendo investigados los agricultores que pidieron la subvención, varios miembros de la UTE que ganó el concurso y responsables de la Junta como el socialista José Luis Sánchez Teruel . En total hay 21 personas imputadas en el caso y el informe pericial las sitúa en una posición muy comprometida, ya que se enumeran irregularidades como que los avales de la obra fueron «constituidos con posterioridad a la fecha contable» o que «en relación a la red terciaria ejecutada existe una diferencia de 2.063.852 euros que este perito judicial ha considerado como exceso de obra no subvencionable», entre otras muchas cosas.

El perito también incide en que « existen errores en las mediciones de la última certificación emitida que pueden ser provenientes, en algunos casos, de las mediciones , y en otros, son atribuibles a la propia medición de dicha certificación». Estos errores abocaron al experto designado por el juzgado a la «comprobación de las mediciones finales incluidas en la certificación a partir de sus planos» y además aclara que la «valoración de la obra ejecutada se realiza independientemente de la falta de finalización y remates de las unidades de obra presupuestadas y certificadas según los casos; daños y desperfectos , por esta falta de finalización o debidos al diseño o indefinición en los proyectos y/o mala ejecución, pendientes de reparación (sobre todo los ramales reflotados , fosos inundados…); robos, hurtos; y el estado de deterioro y abandono de las obras tras el paso de los años». Es decir, no sólo se produjeron irregularidades en la justificación del gasto para obtener los fondos europeos, tampoco se ejecutaron las obras correctamente, lo que ha impedido su puesta en marcha a pesar la inversión millonaria. Y por si esto no fuera suficiente, desde que las obras se pararon en 2010, los trabajos que sí están bien hechos se han atrofiado o han sufrido robos , por lo que para recuperar hoy el dinero invertido habría prácticamente que empezar de cero. El resultado es un desastre en el regadío de las marismas, que mantiene el sistema de hace un siglo, y 21 investigados por fraude.