Palacio de Justicia de Sevilla, sede de la Audiencia Provincial
Palacio de Justicia de Sevilla, sede de la Audiencia Provincial - ABC

SevillaReducen en dos años la petición de cárcel para el agente juzgado por falsificar una orden de registro

La Fiscalía pide la absolución para otro de los acusados, al que inicialmente acusaba de hacerse pasar por guardia civil para entrar en un bar para hacerse con tabaco de contrabando

SevillaActualizado:

La Fiscalía, en sus conclusiones definitivas, ha rebajado de seis años y medio a cuatro y cinco meses su petición de cárcel para D.R.V., agente de la Policía Judicial de la Guardia Civil por presuntamente falsificar, junto a J.S.A, otro acusado, un mandamiento judicial de autorización de entrada y registro de un bar de la ciudad de Sevilla para hacerse con el tabaco de contrabando que pensaban que podía guardarse allí.

La Audiencia de Sevilla ha acogido este miércoles el juicio contra los tres acusados. Aunque finalmente la representante del Ministerio Público ha cambiado sus conclusiones pidiendo la absolución para uno de los tres encausados, el varón de 26 años al que inicialmente acusaba de hacerse pasar por guardia civil, junto a otra persona no identificada, para entrar en el bar a hacerse con la supuesta cantidad de tabaco de contrabando que allí se localizaba.

Según la Fiscalía, el agente y J.S.A. procedieron a elaborar un documento que aparentaba ser un mandamiento judicial de autorización de entrada y registro de dicho bar, ubicado en el barrio de la Macarena, concedido por el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla. Dicho documento fue obtenido mediante reproducción fotomecánica realizada con tecnología láser, en el que procedieron a estampar un sello del Juzgado de lo Penal número doce de Sevilla, que había sido escaneado de uno original obtenido por el agente de una citación judicial que le llegó en calidad de testigo.

Cambio en el relato de los hechos

Igualmente estamparon la palabra «copia», para lo que utilizaron un sello usado en las dependencias de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, todo ello con la intención de dotarlo con mayor apariencia de ser un documento oficial.

Valiéndose de su condición de agente, el 6 de mayo de 2016, el agente adquiere en un establecimiento de venta de uniformes dos chalecos reflectantes y dos carteras porta placas con el anagrama de la Guardia Civil. El agente, en su interrogatorio, no ha negado esta compra, según han indicado a ABC fuentes del caso.

Precisamente el agente ha explicado, como viene haciendo desde el inicio de la instrucción, que estos objetos los dejó «olvidado en un vespino que le regaló al otro acusado». Entonces llamó a la mujer de J.S.A. para advertirle del olvido. Ella, «barriendo la calle», se encontró vio unos papeles oficiales en el suelo y los guardó en la bolsa. Era la orden de registro presuntamente falsificada. Así lo ha declarado la mujer este miércoles.

«Este material fue entregado a un tercer acusado de 26 años, quien en mayo de 2016, junto con otro individuo no identificado, se dirigió al bar. Se identificaron como guardias civiles, exhibiendo las placas falsas con el fin de realizar el registro del local y hacerse con el tabaco de contrabando que pudieran encontrar. Pero no llegaron a culminar su propósito porque había muchos clientes y abandonaron el lugar». Así era el relato de los hechos de la Fiscalía que ha modificado hoy, indicando ahora que «en fecha no determinada y personas desconocidas» acudieron al bar por el supuesto tabaco de contrabando.

Para el abogado del agente, tras esta modificación no existe conexión entre los dos acusados y el final del presunto plan estafador.

Visto para sentencia

La Fiscalía, tras escuchar a los acusados y a los testigos, ha cambiado sus acusaciones en el juicio, que ha quedado visto para sentencia por el tribunal de la Sección Séptima. Así, no dirige su acusación contra M.E.A. como presunto autor de un delito de usurpación de funciones, del que acusa como cooperadores necesarios al agente y a J.S.A. Por esto pide para ellos dos años de prisión.

Ha introducido un nuevo delito del que acusado al agente y a J.S.A., tentativa de estafa, reclamando cinco meses de cárcel. J.S.A. también está acusado de uso de documento falso y se enfrenta a otros dos años de prisión.

Finalmente, para el agente, acusado en un prinicipio como presunto autor de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y por el que solicitaba cuatro años, ahora la Fiscalía pide dos años por el mismo delito pero cometido por un particular. Las defensas piden la libre absolución para sus representados.

El abogado del agente ha explicado a ABC que el delito de usurpación de funciones requiere que la acción se lleve a cabo y en este supuesto los falsos agentes no llegaron a entrar en el bar. Además añade que por el lugar donde presuntamente se falsificó la orden de registro pasan entre doce y 30 agentes de la Guardia Civil.

Ambos acusados han negado su participación en la presunta elaboración del mandamiento judicial de autorización de entrada y registro.