El socialista Sánchez Teruel se aferra a su aforamiento para no dar explicaciones en el caso Marismas

La Guardia Civil, la Fiscalía y el juez instructor Juan Gutiérrez Casillas apuntan que Sánchez Teruel, por su cargo en la Consejería de Agricultura, debe dar explicaciones. En este sentido, el Ministerio Público sostiene que el que fuera director general de Regadíos de la Junta desempeñó una labor «que es necesario esclarecer» en el posible amaño del concurso que organizó la Junta de Andalucía para modernizar las infraestructuras de regadíos de esta comarca sevillana.

En este sentido, el Ministerio Público, ha expuesto en uno de sus escritos que obran en la causa que «existen elementos que permiten atribuir» a Sánchez Teruel, miembro del núcleo duro de la fuera líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, «cierta participación en los hechos» y recuerda que desde la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir declararon que «se recibieron presiones» por parte del hoy diputado socialista «para elegir cierta unión temporal de empresas (UTE) bajo la amenaza de no poder llegar a concluir la obra».

Fueron las acusaciones del PP y de la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir quienes insistieron ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla la importancia de la citación como investigado de Sánchez Teruel y no postergarla 'sine die'. En el escrito de la acusación que representa los intereses de los regantes se señala que la Guardia Civil le atribuye al diputado delitos de tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude y exacciones, coacciones por su participación en el supuesto amaño.

Atendiendo a esta petición, que contaba con el respaldo de la Fiscalía, la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó al juez instructor citarlo como investigado, lo que hizo en un auto del pasado mes de febrero. En dicha resolución, el juez señalaba que el socialista Sánchez Teruel, como consecuencia de las funciones de su cargo en la Consejería de Agricultura, «podría, ya sea por acción u omisión, haber tenido algún tipo de responsabilidad en los hechos de investigación» que se remontan a 2005 y que pueden ser constitutivos de un delito de malversación y de prevaricación, así como de otros delitos de falsedad, negociación prohibida a los funcionarios públicos o tráfico de influencias.

En dicho auto del pasado mes de febrero, el juez acordaba la citación de Sánchez Teruel como parte investigada. El objetivo de dicha citación era que fuera instruido debidamente de sus derechos, ejerciera su derecho de defensa , tuviera acceso a la instrucción de la causa y prestara declaración «voluntaria» para esclarecer los hechos.

Y eso hizo Sánchez Teruel ayer, salvo lo de contar lo que sabe de los hechos investigados. Estaba citado a las once de la mañana. Se presentó casi dos horas antes para que en el despacho del juez no estuvieran presentes los abogados de las partes. También evitó ser captado por los reporteros gráficos a su entrada en los juzgados del Prado de San Sebastián en la capital andaluza.

Su declaración era voluntaria , pero por su decisión de ayer todo hace indicar que hará caso omiso a esta opción y se aferrará a su condición de aforado por su cargo de parlamentario andaluz y no se someterá a las preguntas del juez instructor para esclarecer su posible participación en los hechos.

Ante este más que probable panorama, el juez instructor elevará un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, órgano judicial competente para investigar a los aforados andaluces, para informarle de su condición de investigado. Entonces, tendrá que ser al Alto Tribunal Andaluz quien se ocupe de citarlo a declarar en Granada.

Habrá que ver si allí también guarda silencio el dirigente socialista sobre este caso que se tiene su origen en 2005, cuando la Comunidad de Regantes del Guadalquivir solicitó a la Junta una subvención para acometer las obras de modernización de las marismas . El proyecto presentado tenía un presupuesto de 66 millones y la Junta aprobó una subvención de 40 millones con cargo a los fondos europeos , el 60 por ciento del coste total del proyecto. Se trataba de una iniciativa cofinanciada que obligaba a los agricultores a poner el resto del dinero, 26 millones de euros.

La Consejería tramitó la ayuda sin comprobar si los regantes disponían de estos fondos. La Fiscalía asegura que no tenían dinero, por lo que la Junta licitó la obra a sabiendas de que nunca se llevaría a cabo en su totalidad . Pero los hechos investigados no se paran ahí. Una vez aprobada la subvención, se procedió a celebrar el concurso para las obras.

Según la Guardia Civil, ganó una UTE compuesta por dos grandes empresas, Teconsa y Elecnor, a las que se sumaron dos de la zona, Meci y Tegner, con la oferta económica más cara de las doce que se presentaron. Quedó en el puesto once. Entonces la mesa de contratación cambió los criterios porque supuestamente tenían la adjudicación pactada con los empresarios locales Manuel Moreno y Emilio «El Murciano», que acabaron ganando.

Sin embargo, cuando se falló el concurso en favor de la UTE con la peor oferta económica , en la que estaban los empresarios locales, la Junta indicó que estas sociedades no tenían calificación y mandaron repetirlo. Varios miembros de la mesa de contratación declararon a la Guardia Civil que desde Agricultura hubo una llamada al presidente de los regantes y que éste instó a apostar en la segunda adjudicación por la UTE Befesa-Alpi, que en la primera baremación había quedado en el puesto número diez. Los regantes apostaron por una y la Junta por otra, que fue la que al final se impuso. La investigación apunta que esta adjudicación podría tener relación con una deuda que la Consejería mantenía con la filial de Abengoa por otra obra en el Andévalo onubense.

Después llegó el acuerdo entre la UTE que había ganado en primera adjudicación y la ganadora definitiva para que ésta subcontratara sus servicios. Además, l os perdedores recibieron 330.000 euros por parte de los regantes después del cambio de adjudicación.

La tercera rama de la investigación, además del amaño del concurso y los regalos a los regantes, es las certificaciones de obra falsas para cobrar las subvenciones europeas , la más importante para la Oficina Europea Antifraude. Los implicados han declarado que la Junta les instaba a falsificar las facturas para poder justificar los fondos europeos y no perderlos. Sólo se ejecutó el 70 por ciento de las obras que se justificaron. Un tercer informe pericial concluye que se simularon obras para poder presentar las facturas a Europa y cobrar las ayudas, de manera que incluso se colocaron tuberías sin soldar sobre el terreno para aparentar que el trabajo estaba hecho. A estas y otras maniobras de la Junta podría dar respuesta Sánchez Teruel.

En la causa obra un informe pericial encargado a Francisco Taguas, de la Universidad de Córdoba, en el que se concluye que de los 41.845.240 euros que la Unión Europea destinó a las obras de modernización de las marismas del Guadalquivir, los responsables del proyecto desviaron 14.880.474   euros y se inflaron los costes por encima del 40 por ciento para justificar la subvención, razón por la que la Oficina Europea Antifraude ha abierto también una investigación para exigir la devolución del dinero.