Carmelo Gómez es diputado socialista en el Parlamento de Andalucía
Carmelo Gómez es diputado socialista en el Parlamento de Andalucía - Juan Carlos Rangel

La Universidad de Sevilla confirma que Carmelo Gómez hizo el curso que niega ante la juez

La Hispalense ha entregado al juzgado la matrícula supuestamente firmada por el diputado socialista, que consta como apto en las actas

SevillaActualizado:

El diputado socialista en el Parlamento Andaluz Carmelo Gómez aseguró a la juez de instrucción número 6, María Núñez Bolaños, que nunca hizo el curso de la Universidad de Sevilla pagado con el «fondo de reptiles» para los ERE de la Junta en el que él aparece como beneficiario. En esta declaración, que realizó en calidad de testigo, alegó que no podía cursar ese grado porque carecía de los estudios necesarios para ello y que no sabe por qué razón aparece en el listado de alumnos becados. Según relata el atestado de la Guardia Civil sobre este caso, la Consejería de Empleo pagó tanto la matrícula de Gómez como la del también socialista Francisco Javier López para la realización del máster titulado «Gestión integral de asociaciones sin ánimo de lucro: fundaciones y ONG».

Fuentes del caso han asegurado a ABC que lo que realmente hicieron ambos fue un curso de Experto Universitario, ya que sólo se matricularon en 30 de los 60 créditos que requiere un máster. Pero lo más llamativo es que aunque Carmelo Gómez aseguró a la instructora que él nunca estuvo en dicho curso y que ignora por qué aparecen ahí sus datos, la Universidad ha aportado al juzgado un documento de solicitud de matrícula en el que constan todos los datos del diputado, incluida su firma. Este papel fue entregado a la institución académica y Gómez consta como alumno de aquella edición del curso en 2007. Es más, en las actas aparece como «apto». El documento está manuscrito y todos los datos que se incluyen en él coinciden con los del socialista: DNI, teléfono móvil, dirección, correo electrónico...

Sin embargo, Carmelo Gómez declaró a la juez como testigo —por lo que estaba obligado a decir la verdad— que no pudo haber hecho nunca ese curso porque no tenía estudios superiores y su titulación se limitaba a un grado de técnico superior en Dietética que realizó en la universidad a distancia Isabel I de Burgos. Frente a esto, fuentes de la Universidad aseveran que estas circunstancias no impedían al diputado matricularse y realizar el curso de Experto Universitario, ya que la ley que estaba vigente entonces, que era de 1994, permitía realizar este tipo de grados no sólo a licenciados y diplomados, sino también a personas que por su situación laboral pudieran obtener beneficio de estos estudios, algo que decidía una comisión académica. En el caso de Gómez, dicha comisión valoró su caso y lo aceptó como alumno por su dedicación a la vida pública, ya que el curso estaba dedicado a la gestión de asociaciones sin ánimo de lucro, un tema de utilidad para el desempeño de sus funciones políticas.

Lo cierto es que la Universidad de Sevilla, que ha revisado pormenorizadamente el expediente, ha entregado al juzgado toda la documentación, incluida la matrícula de Gómez, para que se dilucide si las declaraciones del diputado se ajustan a la realidad, ya que de ser ciertas alguien habría suplantado su identidad utilizando todos sus datos personales y habría falsificado su firma. En cambio, si los documentos que ha aportado la Hispalense fueron rellenados por Gómez, éste podría haber realizado un testimonio falso ante la magistrada que instruye la causa.

En el atestado de la Guardia Civil queda claro, en todo caso, que tanto Gómez como López Franco están entre los cinco alumnos becados de los 24 que cursaron el máster. Concretamente, los cinco beneficiarios de la ayuda de 30.000 euros otorgada por la Junta en 2007 con cargo al «fondo de reptiles» eran los que se matricularon para el título de Experto Universitario, no los que iban a desarrollar el máster completo. Fuentes de la Universidad han aclarado a este periódico que aquel listado se hizo con las solicitudes de los alumnos que se presentaron a las ayudas. No obstante, la juez investiga al director del máster y a dos dirigentes del Centro de Formación Permanente.