El socialista sevillano Carmelo Gómez, durante una rueda de prensa - J.C.R.
Caso ERE

La Universidad de Sevilla emitió el título del máster de Carmelo Gómez que él niega ante la juez

El exdiputado socialista aseguró como testigo que nunca hizo ese curso pagado con los ERE, pero la Hispalense ha entregado al juzgado su matrícula con sus datos, el acta como «apto» y el de recogida del título por parte de su profesor

SevillaActualizado:

El pasado 7 de septiembre de 2018, el entonces diputado en el Parlamento Andaluz Carmelo Gómez, histórico dirigente del PSOE sevillano, declaró como testigo ante la juez de instrucción número 6, María Núñez Bolaños, que él nunca había cursado un máster en la Universidad de Sevilla porque no tenía titulación para ello. Su nombre, sin embargo, constaba en el expediente como «alumno apto» del «Título de Experto Universitario en Organización y Gestión de Fundaciones, ONG y Asociaciones sin Ánimo de Lucro», que ahora se investiga porque varias personas fueron becadas al cien por cien con dinero procedente de la partida de los ERE. Entre ellos estaban el citado Carmelo Gómez y otro conocido socialista de la Agrupación de Triana —la de Susana Díaz—, Francisco Javier López Franco. Como publicó ABC, Gómez se desentendió de esta supuesta beca en su declaración judicial como testigo argumentando literalmente lo siguiente: «No sé ni tan siquiera qué master es, aparte de que no podría hacer ese máster porque para hacer un máster hay que ser licenciado o tener un grado».

Se trata concretamente de un título de experto universitario, para el que también es obligatorio tener un grado. Gómez hizo mucho hincapié en desvincularse de su participación en ese curso becado con dinero de los ERE: «Yo en mi casa no tengo absolutamente nada ni he recogido nada. Yo esto lo sé porque me preguntaron los periodistas y soy el primer sorprendido. De hecho, en mi currículum jamás vienen citados estos estudios. Aparte le digo que un máster no podría hacerlo porque no soy licenciado».

Ahora la Universidad ha entregado al juzgado toda la documentación que obra en su poder sobre aquel curso en el que la Junta de Andalucía pagó la matrícula de varios alumnos de manera fraudulenta. Y entre los papeles aportados figuran la solicitud de matrícula de Carmelo Gómez con su firma y con todos sus datos personales. La fiscal del caso también le preguntó por dichos datos al socialista, que confirmó que el DNI y la dirección personal del impreso de matrícula eran las suyas, pero los teléfonos no. En este punto, la fiscal también le preguntó por la dirección de correo electrónico aportada, que era de la Diputación de Sevilla. Y Carmelo Gómez le respondió que «no sé si era el que me asignaron cuando estaba en la Diputación, pero no suelo trabajar con él.

La verdad es que tendría que hacer memoria. ¿Qué fecha sería? Tendría que mirar si fue en el periodo de cuatro años que abarcara esa fecha». Gómez no recordaba con exactitud dónde estaba puesto por el partido en ese momento, pero sí aclaró a uno de los abogados que «yo solamente he hecho en la Universidad de Sevilla el primer año de Podología, lo que pasa es que no continué porque empecé a trabajar en la Diputación y las prácticas eran por la mañana y eran incompatible los estudios con la Diputación. Y ahora mis estudios no tienen nada que ver con la Universidad de Sevilla, estudié en la Universidad Isabel I en Burgos». No recordaba los años en los que estuvo en la Diputación, pero sí que le coincidió con sus primeros estudios y tuvo que dejarlos. En todo caso, su declaración se centró en negar su participación en el curso investigado y, menos aún, como becado por los ERE.

Pero la documentación entregada por la Universidad al juzgado abre otra vía de investigación, ya que según estos papeles, o Gómez mintió en su declaración como testigo —lo que sería un delito— o alguien suplantó su identidad por alguna razón difícil de explicar, ya que el dinero lo ingresó la Universidad para impartir ese curso a ese alumno y para expedir posteriormente el título. No pudo, por tanto, desviarse para otros fines, por lo que la posibilidad de que hubiera «alumnos fantasma» para quedarse con esas cantidades se desvanece. Lo cierto es que la Hispalense ha entregado a la juez una copia del diploma de Carmelo Gómez y un acta en la que aclara que el director de aquel grado de experto universitario, imputado en la causa, retiró el 3 de diciembre de 2018 este título, junto con el de Francisco Javier López Franco, para su posterior entrega a los becados. El papel de retirada cuenta con el sello del Centro de Formación Permanente de la Universidad debidamente compulsado, al igual que la solicitud de matrícula, en la que se incluyen otros datos llamativos. Por ejemplo, en el apartado de «estudios realizados», que es obligatorio poder acceder a los cursos de experto universitario, aparece un garabato ininteligible. Y en «Universidad de procedencia» se lee claramente «P. Olavide». Según la testifical del propio Gómez ante la juez, todo esto sería falso porque no había estudiado nada, sólo primero de Podología y no en la Olavide, sino en la Hispalense.

Título de Carmelo Gómez Domínguez
Título de Carmelo Gómez Domínguez - ABC

Pero hay más pruebas que indican que un alumno llamado Carmelo Gómez Domínguez con un DNI idéntico al del exdiputado socialista hizo el polémico curso. La Universidad ha entregado también el acta oficial de estudios de postgrado en la que se califica al protagonista de toda esta historia como «apto». Se expidió el 30 de noviembre de 2008, lleva también el sello y la compulsa del Centro de Formación Permanente y está firmado por el director del curso y los demás miembros de la comisión académica.

En el atestado que hizo la Guardia Civil para aclarar todo lo sucedido con el llamado «máster de los ERE», los agentes especificaron que tanto Gómez como López Franco estaban entre los cinco alumnos becados de los 24 que lo cursaron. La Consejería de Empleo de la Junta destinó concretamente una ayuda de 30.000 euros en 2007 con cargo al «fondo de reptiles» para cinco personas que supuestamente se habían matriculado para el título de Experto Universitario, que supone la consecución de 30 créditos, no los que iban a desarrollar el máster completo, que consta de 60.

El director de este curso de postgrado, imputado junto a dos catedráticas del Centro de Formación Permanente, declaró a la Guardia Civil que «tenía conocimiento de que la Consejería de Empleo estaba concediendo ayudas de formación» y por eso solicitó las becas, que recayeron en cinco alumnos, dos de ellos destacados socialistas.