El juez investiga al presidente de la Diputación de Sevilla y a Antonio Pradas por dar ayudas «ilícitas y arbitrarias»

El juez que instruye este sumario, José Ignacio Vilaplana, ha llamado a declarar como investigados a dos de sus principales apoyos en el partido por la concesión «arbitraria» de cuatro ayudas excepcionales para financiar este evento: el presidente de la Diputación, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos , y Antonio Pradas Torres , que era su antiguo jefe de Gabinete de la Presidencia y ahora es consejero del PSOE en la RTVA y secretario de Mundo Rural, Política Agraria y Pesca en la ejecutiva regional del partido.

Junto a ellos también han sido citados en el juzgado los próximos 19 y 26 de marzo otros ocho antiguos responsables y cargos actuales de la institución, como los ex diputados provinciales Manuel González Lora (Hacienda) y Manuel Domínguez Jiménez (Hacienda y Patrimonio), así como el secretario general de la Diputación , Fernando F.F.G.; el interventor general cuando se tramitaron las ayudas, Eduardo L.V.; el vicesecretario general de la Diputación, José Luis R.R.; dos jefes de Servicio, José Ignacio C.S. y Ángela R.R., y el jefe de Relaciones con los Territorios y exalcalde socialista de La Roda, Manuel Silva Joya .

En un auto de 42 páginas dictado el pasado 3 de febrero, al que ha accedido ABC, el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla sostiene que el alcalde actual, Romualdo Garrido , y el anterior, Manuel Camino Payán (2007-2015), ambos del PSOE y también imputados en la causa, « se habrían concertado para conseguir la obtención ilícita » de subvenciones «con los responsables de la Diputación Provincial».

Unos y otros «habrían ultimado la presentación de la correspondiente solicitud de ayuda y elaboración ad hoc de documentación tendente a justificar el otorgamiento de unas sucesivas y recurrentes subvenciones excepcionales carentes de fundamento y motivación », expone el instructor. El juez atiende las peticiones tanto de la Fiscalía como del grupo municipal Imagines para llamar a la causa como investigados a los principales cargos provinciales.

Los responsables del Ayuntamiento de Gines, «principalmente el alcalde y el responsable de la Delegación de Festejos», habrían participado « en el mecanismo arbitrario de concesión de las referidas ayudas » excepcionales durante los ejercicios de 2007, 2009, 2010 y 2011. Eran, según el instructor, «conocedores de que se habría prescindido de los principios y del procedimiento legalmente procedente». Prueba de ello es que gozaron de «total discrecionalidad» a la hora de elegir el destino de los fondos públicos y la institución provincial hizo caso omiso de «sus obligaciones de fiscalización y control», lo que habría provocado un «menoscabo de fondos públicos», advierte el auto.

El magistrado otorga a Rodríguez Villalobos un papel destacado en la concesión con carácter excepcional, « de forma directa, sin concurrencia ni convocatoria pública» , de ayudas anuales de 6.000 euros, salvo en el año 2011, cuando el importe bajó a 4.000 euros.

Dos de las resoluciones llevan su firma y en las dos restantes delega esta competencia en el vicesecretario general de la institución. En uno u otro caso, su concesión «habría venido determinada por la sola voluntad del presidente de la Diputación Provincial », a la vista de las diligencias policiales, periciales y documentales practicadas.

La institución justificó la falta de convocatoria pública para entregar los fondos públicos esgrimiendo razones de interés público, social, económico o humanitario , pero en el expediente no hay valoración alguna que motive estas circunstancias especiales, señala la resolución judicial. Tampoco existía un plan estratégico «donde se informe de los objetivos y efectos que pretenden con la aplicación de la subvención».

Además de la citadas ayudas, la Diputación abonó directamente dos facturas de 2.407,90 y 2.589,40 euros en 2013 y 2014 a la empresa Eventali por dos servicios prestados al Ayuntamiento de Gines en concepto de «montaje de gradas» y de «producción Una Pará en Gines 2014». La interventora municipal consideró ambos pagos «subvenciones encubiertas» para sufragar gastos generales de la feria.

Están imputados también ocho concejales —seis de ellos en activo—, cuatro hermanos mayores del Rocío de Gines desde 2007 a 2017 , que explotaban el ambigú, además de dos empresarios contratados «a dedo» para el montaje de instalaciones en la feria. El juez los investiga por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, prevaricación urbanística, falsedad documental y tráfico de influencias .