El Ayuntamiento da luz verde a los nuevos estadios del Betis y del Sevilla

Para ello, y en ambos casos, Urbanismo utilizará una figura de planeamiento recogida en la nueva Ley del Suelo (LISTA), el Estudio de Ordenación. Desde la Gerencia se considera el instrumento adecuado para ordenar la nueva configuración de los estadios y asegurar la viabilidad de la gestión urbanística que permitirá otorgar la licencia a ambos proyectos.

La directiva del Real Betis presentó públicamente al alcalde José Luis Sanz, en el Ayuntamiento el pasado 22 de agosto el diseño de remodelación de su estadio, del arquitecto Rafael de la Hoz, ganador del concurso de ideas que convocó el club y ya prepara el equipo urbanístico que desarrollará el Estudio de Ordenación con la Gerencia para comenzar la tramitación e ir definiendo la transformación de la idea arquitectónica planteada en un proyecto de obras para comenzar a construir en 2024 con un plazo de ejecución de dos años.

El Sevilla F. C. ya ha solicitado la presentación de su proyecto y llevará al alcalde la maqueta que ya existe. La idea expresada este año por el club nervionense es iniciar las obras en la temporada 2026/2027. La tramitación urbanística será la misma. El alcalde ha puesto esa condición como premisa a la Gerencia y que con diferencia de los tiempos que necesite cada club para desarrollar sus proyectos, se garantice el desarrollo de ambos como estratégicos por lo que suponen a la hora de dotar a la ciudad de dos estadios modernos, iconos de nueva arquitectura, algo que considera revertirá beneficios en sus barrios en forma de dotaciones y repercutirá en la economía de la ciudad.

El objetivo es poner fin a la inseguridad jurídica que han planteado los convenios firmados en las dos últimas décadas con los clubes.

El caso del Real Betis es representativo. El club negocia desde 2003 las condiciones para culminar la remodelación del Benito Villamarín tras la renovación de los goles y el fondo que en el año 2000 realizó bajo el mandato de Manuel Ruiz de Lopera. Aquel convenio de 2003 fijaba los términos de colaboración urbanística con el Ayuntamiento para desarrollar en el PGOU, entonces en tramitación, la renovación urbana de la zona que ocupa el estadio incluyendo los terrenos aledaños a la grada de Preferencia, de titularidad municipal. El convenio, aprobado en pleno en 2004, fijó como criterios de ordenación urbanística la previsión de una edificación unitaria que introducía 30.000 metros cuadrados de edificabilidad para otros usos (hotelero, oficinas, comercial y equipamiento público), 2.500 de plaza pública y 3.000 metros cuadrados para usos de interés público resultantes de la transmisión de la parcela municipal.

El convenio programaba el inicio de las obras dos años después de la aprobación definitiva del PGOU de 2006, que fijaba la parcela como suelo urbano consolidado de uso deportivo privado con posibilidades a desarrollar una edificabilidad de 103.819,20 metros cuadrados en los términos que fijaba el convenio urbanístico precedente.

El club planteó un estudio de detalle en 2007 con el visto bueno de Urbanismo y suscribió un nuevo convenio urbanístico en 2008 que se llevó al pleno de julio de 2008 pero en última instancia fue sacado del orden del día.

Así han pasado veinte años desde que se firmara el convenio de 2004, el único vigente. En ese tiempo, las conversaciones entre el club y Urbanismo han sido tan continuas como infructuosas. Bien por propio cambio de criterio de los técnicos municipales o porque una vez evaluados por el Real Betis eran descartados. Ninguna de las fórmulas negociadas ha logrado desbloquear el proyecto. Se propuso la redacción de un nuevo Estudio de Detalle, enajenar por concurso de venta abierto la parcela municipal objeto del convenio o renegociar el convenio vigente sin éxito.

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Para Urbanismo, la ordenación vigente da cobertura al proyecto que el club ha presentado, por eso ha decidido descartar las propuestas realizadas hasta ahora y plantear el Estudio de Ordenación como fórmula segura para salvar las cuatro trabas que históricamente han venido lastrando la tramitación de los proyectos de reforma y ampliación: las dudas en cuanto al encaje de los nuevos usos en la cesión de 1969 al club de los terrenos que preveía la reversión al Ayuntamiento en caso de que cambiara su uso como «campo de deportes»; la propia cesión de 8.308 metros cuadrados de suelo municipal al proyecto; las dudas sobre la viabilidad de la permuta directa por obras de esos terrenos y la previsión de una gran superficie minorista.

El Estudio de Ordenación plantea un sistema de gestión por compensación que permitirá constituir una junta de compensación entre los dos propietarios, Betis y Ayuntamiento, que dé paso a un convenio de gestión, que fijará las obligaciones y reparto de aprovechamiento que se derivan de la actuación y las cesiones de equipamiento y espacios libres que le corresponde al Ayuntamiento.

A esto le seguirá la redacción de un proyecto de reparcelación en el que quedarán localizadas las edificaciones que a cada una de las partes le corresponda y las obras complementarias en el entorno del proyecto, valorándolas y repartiendo sus cargas entre los propietarios. Tras ello se procederá al otorgamiento de la licencia de obras.

La tramitación se iniciará con un documento de avance, estudio ambiental estratégico, que debe aprobar la Junta de Gobierno Municipal, así como con su posterior exposición al público. Una vez concluido la documentación se remitirá a la Junta de Andalucía por el procedimiento de tramitación simplificada para su evaluación ambiental . El proyecto continuará su tramitación con la aprobación en pleno en sus versiones inicial y definitiva con sus correspondientes procesos de publicación y participación.

El Estudio de Ordenación definirá una única parcela por agregación de las del Betis y la del Ayuntamiento, los nuevos usos y actividades del nuevo estadio como la zona comercial, que se equipara a lo que en la Ley de comercio de Andalucía se denomina Gran Superficie Minorista. Esta ley obliga a definirla mediante un instrumento de planeamiento como el que se va a iniciar, que en ese aspecto deberá aprobar la Junta.

La Gerencia está convencida de que esta fórmula evitará las trabas legales esgrimidas hasta ahora y ofrecerá la misma para tramitar la ampliación del Sánchez Pizjuán.