Las recientes investigaciones sobre los asesinatos de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes tras la detención y confesión del británico Tony Alexander King, han cuestionado la idoneidad del jurado popular que en el caso de la joven de Mijas acusó y condenó a Dolores Vázquez, quien según las últimas investigaciones sería inocente.

En este sentido, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de la Presidencia, Javier Arenas, anunció este mediodía en el Congreso que el Gobierno promoverá reformas en la actual Ley del Jurado para recoger las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial y mejorar las garantías procesales. El secretario de Libertades Públicas y Desarrolllo Autonómico del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, consideró hoy que el caso de Vázquez "exige una reflexión muy seria sobre las garantías procesales".  

Arenas explicó que el Gobierno ya venía reflexionando desde hace tiempo sobre la conveniencia de reformar la Ley del Jurado,  especialmente a raíz de un informe aprobado por el Consejo General del Poder Judicial. Por lo que quiso dejar claro, que la idea de la reforma no surge de la polémica suscitada por el caso de la joven malagueña Rocío Wanninkhof, asunto en el que el Ejecutivo prefiere mostrar "una prudencia extrema "hasta que se concluyan las investigaciones.

Sin embargo, el presidente del grupo popular en el País Vasco y ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, sí dio su opinión sobre lo acontecido y afirmó que ahora, tras la detención del autor de los hechos, no cabe otra fórmula más que la justicia "indemnice materialmente" a Vázquez. A su juicio, todos debemos ser más prudentes a la hora de acusar a una persona, "no podemos actuar irreflexivamente antes porque ahora el daño está hecho", dijo Mayor.  En este sentido señaló que el daño moral es "irreparable".  

El secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, consideró "tenemos el caso de una persona que ha sido condenada en medio de un clima en el que se produjo una certeza moral, de que no había ninguna duda y de repente avances científicos, en este caso la aplicación del ADN, pueden identificar a otro culpable despejando cualquier duda con respecto de la eventual inocencia de la primera condenada", explicó.  

A su juicio, "será una buena oportunidad para poner a prueba los mecanismos que hay en el derecho, que muy pocas veces se aplican, para restituir un error judicial y para pensar si no nos conviene ser extremadamente cuidadosos con la aplicación de las garantías en la instrucción de una investigación y en los secretos del sumario, que son violentados en España con una frecuencia lamentable", aseveró.  

En cualquier caso, López Aguilar resaltó que el jurado está previsto en la Constitución y que "de ninguna manera" se debe prescindir de él. "Creemos que el jurado cumple una función, ahora, debe hacerlo con garantías y si hay un momento que se prueba, como es el caso de la lucha antiterrorista, que el exceso de proximidad impide imparcialidad, habrá que poner garantías adicionales".  

La portavoz de Justicia del PNV en el Congreso, Margarita Uría, se mostró hoy partidaria de reformar la Ley del Jurado, pero advirtió de que estos cambios deben producirse con "sosiego" y no a raíz de un caso concreto que ha "conmovido" a la opinión pública.  

Uría recordó que su grupo parlamentario ha pedido "muchas veces,  sin éxito" la modificación de la Ley del Jurado, "pese a que el PP también respaldaba introducir cambios", dijo. A su juicio es necesario que "haya más garantías de la imparcialidad de los jurados y que sus decisiones se basen en criterios de transparencia pública con razonamientos suficientes". 

Por su parte, el protavoz de Justicia de CiU en el Congreso,  Manuel Silva, aseguró hoy que un posible "fallo" en el caso de Dolores Vázquez no puede cuestionar la Ley del Jurado. "No se puede poner en cuestión el modelo por un error que se haya podido producir en un momento", recalcó. 

Silva reclamó "un poco de mesura y de calma" y recordó que cambiar la Ley del Jurado fue un asunto que también se puso sobre la mesa  hace unos años con el ´caso Otegi´, cuando un jurado vasco absolvió al autor de la muerte de dos ertzainas en un juicio que posteriormente fue anulado. "Cuando se produjo el caso de Otegi se pidió un poco de calma y también es bueno que la haya ahora",  reiteró.

No obstante, ambos grupos se mostraron partidarios de regular el uso de la prueba de ADN en la investigación criminal. CiU defiende la necesidad de que exista un registro encargado de custodiar esas muestras genéticas, mientras que los nacionalistas vascos insisten en que esta regulación exige cautelas porque puede afectar a derechos fundamentales como el de intimidad. 

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, afirmó hoy que en la cultura jurídica española los jueces ofrecen mayor seguridad jurídica que la institución del jurado popular y se muestra partidario de la posible reforma. Como ejemplo puso la creación de un "tribunal mixto de técnicos y de legos", modelo que, argumentó, "existe en algunos países".

"El jurado popular está cuestionado por los técnicos casi desde sus comienzos y aunque es una institución que está en la Constitución y hay que mantener, otra cosa son los términos en los que está configurado", aseguró Cardenal, quien también señaló que en nuestro ordenamiento jurídico se da mayor seguridad a los jueces técnicos que al jurado".

Después de estas declaraciones, el coordinador general de IU,  Gaspar Llamazares acusó a Cardenal de aprovechar "un caso doloroso" para "llevar agua al molino propio", mediante un pronunciamiento sobre materiales constitucionales que significa posicionarse "contra la autonomía del poder legislativo". Además el líder de IU recordó que los juicios populares son un "elemento esencial de la democracia" y argumentó que el jurado popular tiene en la actualidad un nivel de fallos y de problemas similares al jurado profesional.  

En esta línea, tanto la Unión Progresista de Fiscales como la Asociación de Fiscales no precisan necesaria una reforma de la Ley de Jurado, sino que bastaría con algunas reformas. También ambas formaciones se mostraron partidarias de regular el uso del ADN de interés policial y forense.  

Sin embargo, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Manuel Suárez Robledano, afirmó hoy que "se está demostrando que la investigación desarrollada por tribunales de jurado no ha sido adecuada. El jurado no debería entenderse en sentido anglosajón, sino en el europeo, es decir, con intervención de jueces profesionales, para que los ciudadanos no se vean influidos y se eviten las situaciones dadas hasta el momento".  

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Carmona, consideró inapropiado culpar sólo al jurado popular del tiempo que Dolores Vázquez permaneció en prisión acusada del asesinato de Rocío Wanninkhof y extendió la responsabilidad al "clamor popular", así como a los vecinos, las instancias judiciales y policiales.