El 17 por ciento de la población jienense se encuentra en

situación de exclusión social o tiene una situación de vulnerabilidad

que le podría llevar a caer en ella, según los datos recogidos en un

informe elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) de la

provincia presentado hoy en la Diputación Provincial.

   El ponente del informe y secretario del CES, Rafael Latorre,

afirmó que se considera zona de vulnerabilidad a aquellas personas

que mantienen una gran precariedad en el mercado de trabajo y

dificultades en sus relaciones familiares y sociales. 

   El CES apoya en su informe la figura de las empresas de inserción,

que tienen, explicó Latorre, el "mismo carácter comercial que las

demás, siendo casi siempre sociedades limitadas, pero en las que

trabajan personas que están en riesgo de exclusión social" y lamenta

la falta de regulación que hay en España.

   En Andalucía funcionan cerca de 30 empresas de este tipo y en Jaén

dos, por lo que Rafael Latorre indicó que espera que la Junta las

regule, al igual que otras comunidades autónomas lo han hecho, "pero

hace falta que se produzcan las transferencias de las políticas

activas de empleo", dijo.

   El informe del CES realiza una serie de recomendaciones a las

administraciones públicas y a los agentes sociales para luchar contra

la exclusión y evitar que los que están en riesgo de caer en ella

finalmente lo hagan. Entre estas recomendaciones figura que se tenga

en cuenta las cláusulas sociales para las contrataciones públicas.

   Además, plantean que las empresas adjudicatarias en el ámbito

municipal y provincial excluyan las fórmulas de subcontratación y que

las administraciones públicas no utilicen las empresas de trabajo

temporal (ETTs) para resolver sus necesidades laborales.

   Por su parte, el presidente de la Diputación, Felipe López, mostró

su compromiso con las recomendaciones del informe que afectan a la

institución provincial, y añadió que parte de las mismas ya se han

puesto en marcha a través de varios programas y por la incorporación

de cláusulas sociales en algunos de los contratos de servicios.