ESE niñato, el asesino confeso de Marta del Castillo, se está haciendo un mal favor a sí mismo con su macabro carrusel de versiones contradictorias y su desaprensiva humareda de confusiones y encubrimientos. Porque lo que acaso podía haber hecho pasar por un desgraciado mal momento o mal golpe, por un arrebato de ofuscación desdichada con consecuencias irreparables, lo ha convertido, junto con sus cómplices y acaso con sus abogados, en una siniestra conspiración de ocultaciones que añaden al desprecio por la víctima una profunda falta de respeto al sufrimiento de sus deudos y a la convulsión emocional de una sociedad asombrada por la desfachatez, la displicencia y la falta de arrepentimiento de unos tipos capaces de jugar así con el dolor de una familia.

En un principio, la dramática movilización del padre de Marta a favor de la cadena perpetua y del cumplimiento íntegro de las penas suscitaba una simpatía genérica fruto de la natural solidaridad con su desconsuelo, pero era difícil encajar sus desgarradas peticiones en el marco concreto de un delito relativamente susceptible de atenuantes y demás casuística procesal. Más bien parecía un asunto sobredimensionado por un enorme alboroto de amarillismo mediático que creó artificialmente un clima de emotividad revanchista. Sin embargo, la estrategia encubridora del autor y sus compinches ha conducido el crimen a una circunstancia de indignación colectiva que, ahora sí, exige una reparación contundente del zarandeo moral al que esta grosera manipulación está sometiendo a la víctima y su entorno, privado incluso del elemental derecho de conocer el paradero del cuerpo de la joven infortunada. Ya no hay excusas ni paliativos: estamos ante una monumental y humillante ofensa que agrava el asesinato con ribetes de maquinación cómplice y constituye un ultraje añadido al padecimiento y el desamparo de los allegados de la desaparecida.

En su afán por tejer una maraña de datos confusos tras la que protegerse, el autor confeso y los demás implicados han olvidado la profunda sensibilidad social que existe en España respecto a los derechos de las víctimas. Y han transformado su legítimo interés por una defensa justa en un macabro carnaval de mentiras y contradicciones deliberadas que suscita profunda irritación al añadir una completa y antipática ausencia de compasión por todo el dolor causado. Ya no queda en la conciencia colectiva un gramo de piedad por quienes con tan frío desahogo han demostrado carecer de ella. Y si en algún momento era posible situarse a contracorriente de los sentimientos para reclamar un poco de cordura garantista ante el encarnizado revuelo que ofuscaba un juicio objetivo, ahora sólo cabe esperar que toda esta canallada acabe pronto con un ejemplar castigo para sus autores, y que la llave de su encierro se pierda tan enrevesadamente como el cadáver que escondieron.