LA dilación, al igual que la precipitación, nunca ha sido aliada del esclarecimiento. El aplazamiento de las declaraciones previstas en el caso Mercasevilla no hace sino enquistar unas investigaciones cuya trascendencia para la opinión pública queda cada día más de relieve. El conocimiento parcial de la conversación cuya grabación sirvió de revulsivo para la denuncia presentada en su día por la Consejería de Empleo resulta más que inquietante. La divulgación de los hechos fue efectuada por ABC el 31 de marzo. Está a punto, pues, de cumplirse un mes desde que algunos extremos de lo presuntamente ocurrido son de dominio público. La petición de más tiempo por parte de los abogados de los dos directivos involucrados podría estar justificada o tratarse de la inveterada maniobra dilatoria.

Lo cierto es que la Fiscalía tiene en su cestilla un asunto que, de ser cierto, constituiría un escándalo político de dimensiones inusuales, y no acabamos de ver la diligencia que cabría esperar en los mecanismos judiciales. El partido de la oposición ha alertado sobre la responsabilidad que podría alcanzar al alcalde si todo esto se materializa como se va perfilando: en un caso de corrupción, comisiones ilegales y soborno. Se resiste la primera autoridad municipal a enseñar el fax mediante el cual asegura que tomó cartas en el asunto. Todo son apelaciones a la necesidad de dejar trabajar a la Justicia y no interferir en su camino. Pero la Justicia difícilmente puede hacer algo si las instancias que deben activarla dejan que el expediente muera de inanición porque no se añada la información oportuna.

El supuesto intento de cobrar comisiones ilegales por parte de dos altos cargos de Mercasevilla no parece, además, un episodio aislado, lo que deposita sobre la empresa municipal la sombra de la duda acerca de la integridad de sus usos y costumbres. Algo tendrán que decir los componentes del Gobierno municipal, pero lo cierto es que permanecen mudos y su silencio es aprovechado por algunos para que el olvido haga su trabajo. Dejar que las aguas se pudrieran sería como permitir que se malversaran los caudales públicos en una emponzoñada atmósfera de impunidad. El ciudadano espera de los poderes públicos mayor aplicación a la hora de perseguir el delito, condenando o absolviendo, pero en cualquier caso resolviendo en unos plazos razonables. ¿Qué ha pasado en Mercasevilla? ¿Hasta dónde salpicaría lo sucedido? Alguien debe pisar el acelerador, porque de lo contrario habrá que pensar que no interesa dar respuesta a esas interrogantes.