Tras más de dos años de negociaciones, sindicatos y empresarios no han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre la reforma laboral. Cansado de esperar, el Gobierno ha optado por la calle de en medio y aprobará este miércoles un decreto con cambios sustanciales en lo que se refiere a las relaciones entre el trabajador y su empresa.
Una de las variaciones más importantes tiene que ver con la reducción del coste del despido. Una de las consecuencias de la crisis económica ha sido el incremento de la conflictividad social entre los trabajadores que han perdido su empleo y sus empleadores.
Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2007 y 2009 se han duplicado el número de despidos que se han tenido que dilucidar en los juzgados de lo social de la provincia. Concretamente, hace tres años fueron 866, mientras que en 2009 esta cifra ascendió hasta los 1.891.
Uno de los aspectos que más desacuerdos genera entre los empleados y los empresarios en este tipo de situaciones es la cantidad de dinero que supone el finiquito. Como consecuencia del incremento del paro que se ha producido en últimos años, el número de reclamaciones presentadas ante el juzgado por este motivo también se ha duplicado, al pasar de 1.625 en 2007 a 3.275 en 2009.
Otra de las fórmulas elegidas por los empresarios para reducir plantilla debido a las dificultades provocadas por la recesión ha sido la presentación de expedientes de regulación de empleo (ERE), un proceso más engorroso desde el punto de vista administrativo debido a que debe ser aprobado por la autoridad laboral.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, a lo largo del primer trimestre de este año han sido un total de 565 empleados en Córdoba los que se han visto afectados por un ERE, más del doble que en el mismo periodo del año pasado, cuando se llegó a 215.
Se da la circunstancia de que Córdoba es una de las tres únicas provincias andaluzas (las otras son Granada y Huelva) en las que se ha registrado un incremento de los ERE durante los tres primeros meses de este año, lo que deja entrever que los tan cacareados «brotes verdes» en el tejido productivo aún están lejos.
Si se amplía un poco más el horizonte temporal se observa los efectos devastadores en materia laboral de la crisis. En 2007 fueron apenas 417 los trabajadores implicados en un expediente de esta naturaleza, un tercio de la cifra del año pasado (1.316).
La sangría en pérdida de puestos de trabajo en este periodo ha sido evidente. Si se toma el verano de hace tres años como el inicio de la crisis, el número de parados en la provincia se ha incrementado casi un 53%. Esto quiere decir que desde julio de 2007 hasta mayo de 2010 las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) han aumentado en 26.159 personas hasta llegar a 75.643.
Despido y temporalidad
Hay otros datos que pueden predecir de algún modo qué impacto tendrán algunas de las medidas de la reforma laboral planteada por el Gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con la lucha contra la temporalidad. Una de las novedades pivota sobre la idea de que la indemnización por despido en el caso de que la vinculación laboral sea temporal se eleve de 8 a 12 días. Además, los despidos serán considerados procedentes —lo que supone que se compensará al empleado con una cuantía económica igual a 20 días por año trabajado— si las empresas afectadas alegan que llevan seis meses con pérdidas.
En la última Encuesta de Población Activa (EPA) municipal —correspondiente a 2009— se ponía de manifiesto que el 71,2% de los cordobeses que estaban trabajando en la ciudad tenían un contrato indefinido, frente a un 23,8 que tenía una vinculación laboral finita en el tiempo y otro 5 por ciento que reconocía que trabajaba sin contrato.
Tan sólo un año antes, el peso de la población laboral indefinida en la capital era de un 63,4%, siendo un 32% los empleados con un contrato temporal y un 4,7 los que carecían de cualquier documento. De esto se deduce que la subida del paro en los últimos meses ha venido de la mano, fundamentalmente, de la no renovación de contratos temporales, al mismo tiempo que la crisis ha traído consigo un aumento de la economía sumergida.
En este sentido, los sindicatos vienen denunciando el repunte de la actividad irregular y, como consecuencia, del fraude a la Seguridad Social. Las centrales reclaman a la Inspección de Trabajo que incremente de manera considerable las visitas a las empresas.
