La Fiscalía Anticorrupción considera que el propietario de Arenal 2000, Rafael Gómez Sánchez, pagó 600.500 euros al presunto cerebro de la trama del «caso Malaya», Juan Antonio Roca, a cambio de que éste facilitara la legalización unas obras contrarias a la normativa urbanística en Marbella. Se refiere a la reforma de unas oficinas de su inmobiliaria en el edificio del Paseo Marítimo conocido popularmente como «La Lavadora».
Por estos hechos, el fiscal solicita para el constructor cordobés, que se conoce en la ciudad con el apodo de Sandokán, una pena de 18 meses de prisión y una multa de 1,2 millones de euros, con una responsabilidad personal en caso de impago de 6 meses, además de las costas. Según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, cometió un delito de cohecho activo con carácter continuado. Gómez, al igual que el resto de imputados, será juzgado a partir del día 27 de septiembre.
El fiscal concluye que los cheques abonados por Gómez en dos pagos tenían como objetivo «asegurarse la actitud inactiva y permisiva del Ayuntamiento de Marbella, de modo que pudiera continuar disfrutando de unas oficinas con acceso propio al Paseo Marítimo».
De esta forma, consolidaba también «el cambio de uso efectuado por las vías de hecho en los sótanos y el nuevo acceso abierto a la vía pública», que era ilegal, como se puso de manifiesto con anterioridad por informes del Servicio Técnico de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.
El promotor fue detenido en su chalé de Sansueña el 27 de junio de 2006 y compareció ante el juez Miguel Angel Torres, que le acusó de cohecho, después de permanecer tres días en los calabozos de Marbella. Salió en libertad previo pago de una fianza de 300.000 euros.
Para dar validez a esta operación, que significaba dotar de un uso comercial a un inmueble privado de carácter social, emplazado dentro del complejo Mare Nostrum, la ex regidora, Marisol Yagüe, y Rafael Gómez firmaron el 18 de junio de 2004 un convenio. El cheque a favor del Consistorio marbellí, que lleva la rúbrica del promotor cordobés, está fechado el 1 de julio de 2004, pocos días más tarde. En la caja de contabilidad que, al parecer, gestionaba Roca y de la que salían las supuestas comisiones de otros miembros del equipo de gobierno, aparece la referencia «Aportación S.K.M.», apócrifo con el que era conocido el empresario (Sandokán). Correspondía al primer pago de 300.500 euros que realizó Gómez.
Con posterioridad, en noviembre de ese mismo año, figura en uno de los archivos informáticos del Ayuntamiento un nuevo apunte contable de 300.000 euros más, que «el señor Roca devuelve a una cuenta del Ayuntamiento para su reparto» entre el tripartito que gobernaba el Consistorio marbellí.
El fiscal vincula los pagos con las obras de acondicionamiento como oficinas de los sótanos del inmueble del edificio Mare Nostrum, así como con la obtención de un acceso directo a dichos locales desde el Paseo Marítimo. Las obras fueron realizadas sin la preceptiva licencia y «pretendiendo con tales pagos su legalización».
Demolió un muro
El escrito de acusación, que consta de 585 folios y al que ha tenido acceso ABC, recuerda que el convenio que posibilitó tales obras «nunca fue ratificado por la Junta de Gobierno Local, como exigía el propio convenio para su eficacia, y tampoco aparece incorporado a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana». Además, Gómez demolió sin autorización un muro que separaba el inmueble del Paseo Marítimo y creó una fachada acristalada con varios accesos al paseo.
En un primer momento, mediante un decreto de la alcaldesa, obtuvo liciencia de obra menor, pero posteriormente ésta fue anulada y sustituida por un expediente de obra mayor.
Pese a todo, el constructor llevó a término las obras y la sociedad instaló allí sus oficinas. Incluso llegó a tramitar la licencia de primera ocupación, aunque contaba con un expediente de disciplina urbanística y la Junta requirió al Consistorio para que restableciera la legalidad urbanística sin que le hiciera ningún caso. Una omisión que, a juicio del fiscal, «sólo se puede explicar con los pagos del procesado Rafael Gómez», alega.
