La Fiscalía Anticorrupción pide también en su escrito de acusación del «caso Malaya» un total de ocho años de prisión y 28,6 millones de euros de multa para el otro empresario cordobés imputado, José María Enríquez García, dueño de Promociones Los Jardines, por sendos delitos de cohecho activo y blanqueo de capitales.
En el caso del cohecho activo, el fiscal entiende que Enríquez pagó 288.500 euros en dos entregas en diciembre de 2005 y enero de 2006 a Juan Antonio Roca, cerebro de la trama y mandamás en Urbanismo, para obtener licencia de primera ocupación de la promoción Casablanca Beach, en San Pedro Alcántara, una urbanización de lujo de 42 viviendas efectuada por Promociones Los Jardines de la Costa SL y que contravenía el PGOU marbellí de 1986 al estar en suelo reservado a equipamientos públicos.
Las obras se autorizaron en marzo de 2001 y posteriormente, según relata el escrito fiscal al que ha tenido acceso ABC, también se autoriza una ampliación de viviendas hasta 61 mediante licencias a proyectos reformados. Estos permisos se concedieron con arreglo al PGOU de 1998 que jamás llegó a ver la luz, y fueron impugnados por la Junta de Andalucía y particulares. Aunque llegó a decretarse la paralización de las obras en abril de 2003, éstas continuaron hasta casi su finalización en 2006.
«Pese a todo ello, la promoción obtiene la licencia de primera ocupación en 2005 por silencio administrativo, lo que coincide temporalmente con el pago efectuado por Enríquez». Por estos hechos, la Fiscalía pide tres años de prisión y multa de 560.000 euros.
Suelo de Casablanca Beach
Pero aún es más dura su conclusión respecto al presunto delito de blanqueo de capitales por el que se le piden cinco años de prisión y 28 millones de multa. «Enríquez —dice el fiscal— es otro de los empresarios que ha mantenido negocios en participación con Roca». Según sus conclusiones, los supuestos negocios se centran de nuevo en la parcela donde se levanta Casablanca Beach, que Enríquez compra a una sociedad de Roca (FNG Inversiones SL). Los terrenos eran municipales en origen y el Ayuntamiento los dio en pago de una deuda a Tomás Olivo —otro imputado— causándole, según el Tribunal de Cuentas, un perjuicio a las arcas locales de 355.198 euros por su depreciación. La finca, de apenas diez mil metros cuadrados, se valora en 1,2 millones. El mismo día que se escritura esa propiedad por Olivo a través de General de Galerías Comerciales (30 de agosto de 2000) se la vende a FNG Inversiones SL, propiedad de Roca, por el mismo precio y vía pagaré a un año.
El 5 de octubre de ese año, Enríquez compra a FNG Inversiones por 1.538.590 euros el citado terreno, según el relato del fiscal, mediante contrato privado. Del pago de esa cantidad, 601.012 euros entregados por cheque «fueron destinados a nutrir de fondos a otras entidades del entramado de Roca». En el citado contrato «Enríquez García pacta con Roca un reparto en los beneficios de la promoción inmobiliaria a efectuar en esos terrenos y cifrada en el 30% del precio de venta de la edificación resultante».
Según la memoria económica de esa urbanización, Promociones Los Jardínes tenía previsto ingresar por la venta del as 41 viviendas iniciales (se ampliaría a 61), 103 aparcamientos previstos y 60 trasteros casi 43 millones de euros. A Roca, pues, le debían corresponder 12,8 millones. La referida memoria fijaba el precio de compra del suelo en 2,4 millones, más de lo cerrado en el contrato privado de 1,5 millones que se eleva a escritura pública el 8 de octubre de 2001.
Sin embargo, pocos meses después, Promociones Los Jardines cierra con Fincas e Inmuebles Socotora SL (también del entramado de Juan Antonio Roca) una opción de compra a un año sobre la misma finca pero por valor de 7,2 millones de euros, casi un 500% más del precio anterior de compraventa. «Se trata de una curiosa operación —cita el fiscal— pues Roca estaba recomprando a Enríquez lo anteriormente vendido» a un precio desorbitado. La opción no se ejecuta y finalmente la urbanización recibe permiso para ampliar a 61 las viviendas.
