La investigación del «enchufismo» de IU en Manilva eleva a «centenares» los casos

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, y ratificaron las fuentes consultadas, el foco de la Fiscalía y el juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, tras más de tres años de instrucción de la causa, se centra en el «coladero» de afines que estas empresas han sido desde prácticamente su creación. Sociedades cuyas vinculaciones con el Ayuntamiento han sido objeto de informes por parte de la interventora y el secretario municipal en los que reflejan sus dudas y que no fueron atendidos por la regidora.

El Club Deportivo Manilva centra buena parte de la atención del caso. Creado en septiembre de 2006, pero constituido en enero de 2009, su junta directiva ha estado copada por miembros de IU, que en algunas ocasiones también ostentaban puestos de responsabilidad en el Consistorio. El objeto de esta sociedad, es el de «escuelas y servicios de perfección del deporte», aunque las pesquisas constatan que a través de ella se ha contratado a mucha gente para prestar servicios variados que nada tienen que ver con esta actividad, que van desde cocineras para los comedores de los colegios, hasta monitores para los Patios de Verano, pasando por asistentes de actividades extraescolares.

La entidad está constituida como una sociedad civil por lo que no está obligada a inscribirse ni a depositar sus cuentas en el Registro Mercantil, una circunstancia que arroja opacidad a su gestión a pesar de que ha sido cuantiosamente subvencionada por Antonia Muñoz año tras año.

En el informe de fiscalización de la nóminas de junio de 2011 realizado por la Intervención se reiteraba que los servicios de Recursos Humanos del Consistorio «realizan indebidamente la gestión del personal, contratación, altas, nóminas, tanto del Club Deportivo, como de la Fundación Manilva para el Desarrollo (Funmades) y de la Sociedad de Comunicación Social de Manilva S.L.» Un hecho que llama poderosamente la atención cuando el secretario municipal aseguraba en un informe solicitado por el juzgado que «se desconoce incluso la relación que –las tres empresas– puedan tener con el Ayuntamiento».

En este documento, que está en manos de la Fiscalía y la jueza instructora, la Secretaría pone de manifiesto un sistema de contratación discrecional ya que, a pesar de que «la gestión de personal y nóminas de estas entidades la realiza directamente el servicio central del Ayuntamiento», se «desconoce» si ha habido procedimiento para la contratación laboral de los empleados».

Un «modus operandi» supuestamente irregular que veladamente llega a reconocer Antonia Muñoz, quien en una reciente entrevista a la televisión municipal declaró: «¿Qué he cometido algún fallo administrativo? Seguro, no digo que no, pero no me van a inhabilitar por ladrona y choriza». No piensan así en los partidos de la oposición, que recuerdan que la alcaldesa era administradora de una empresa regentada por su marido que cientos de miles de euros en contratos del Ayuntamiento.