Se fuga con su hija en Nerja cuando debía entregarla a su padre

La jueza que lleva el caso ordena a la madre la ejecución «en el acto» de la sentencia de 15 de noviembre de 2016. En este documento se acordaba el régimen de visitas tras la separación y se atribuye la guardia y custodia al padre, José Luis Franco. Tras no recibir a la niña, después de que la madre no haya respetado, presuntamente, el régimen impuesto, el padre ha hecho valer la sentencia por la cual la madre debe entregar a la menor al progenitor.

Según explicó el abogado del progenitor, Ramón Porras, a EFE, la sentencia estipulaba que el padre debía entregar a la niña a la madre el pasado 1 de agosto. Estaría con su progenitora hasta el pasado 16 de agosto. Sin embargo, la niña no volvió con su padre, pese lo acordado por los tribunales. Es por esto que el padre pide ahora que se ejecute esa sentencia y que la madre sea obligada a entregar a la niña .

El letrado asegura que, en el período en el que la menor estuvo con la mujer, natural de Venezuela, ésta remitió a su expareja varios mensajes en los que manifestaba que no iba a entregar a la niña , porque quería vivir con ella. «Siguiendo el ejemplo de otros supuestos mediáticos recientes, se ha acogido al impresentable tribunal de las redes sociales, con total desprecio y faltando descaradamente a la verdad», explica el abogado.

La madre de la menor, según reseña el letrado del padre, ha acusado al progenitor en sus redes sociales de «maltratador» , colgando mensajes en los que «confunde denuncias con sentencias absolutorias». «La mujer utiliza un lenguaje injurioso contra jueces y fiscales, a los que atribuye la desprotección de la menor», reseña Rafael Porras a EFE.

El padre teme que su expareja tenga la intención de volver con la niña a Venezuela, país del que ya fue retornada «con síntomas evidentes de haber sufrido agresiones sexuales y con sarna hace seis años ». El letrado insiste en que esta mujer puede haber cambiado de domicilio para eludir la acción de la justicia y considera que, después de tanto tiempo sin cumplir una sentencia, «podría ser culpable de los presuntos delitos de retención ilegítima y desobediencia a la autoridad judicial».