La nueva ley de suspensión de pagos ha sido un bálsamo para los equipos y una sangría para los futbolistas. El veredicto de los impagos depende de los jueces y los clubes sólo han tenido que pagar el cincuenta por ciento de sus deudas, y a lo largo de cinco años, bajo el argumento de permitir la salvación de las entidades. Los jugadores perdieron la mitad de sus emolumentos impagados. «Se han producido abusos y en su día le expuse a Jaime Lissavetzky la necesidad de cambiarla, porque estamos a expensas de la interpretación de un juez. Ahora negociamos con el Consejo Superior de Deportes, el Ministerio de Justicia y la Liga Profesional una modificación de la Ley Concursal que acabe con estas situaciones. Hay un proyecto encima de la mesa».

Los datos son elocuentes. «El Alavés debía casi cinco millones de euros y sólo ha tenido que abonar 2,4. A la Unión Deportiva Las Palmas le permitieron tramitar las licencias a pesar de las deudas. El Málaga y el Levante también pagan el salario de cada mes, según está regulado, a lo largo de cinco años... Y quien no ha denunciado los impagos, no cobra...». Los contratos B, el dinero negro, eso sí, no existen ante una quiebra.

«El único que no se aprovechó de esta legislación fue el Sporting, que tramitó a través de nosotros el abono de 2,9 millones de euros». Una normativa que añadía otra injusticia: «No es ético que algunos clubes se acogieran a la Ley Concursal en julio, para que no hubiera plazo para descender, en vez de hacerlo en plena Liga». Varios equipos se han quejado de competir en desventaja económica.