El Gobierno continúa elaborando su «hoja de ruta» para asegurar la reestructuración del sistema financiero. En ese sentido, y a instancias del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, estaría constituyendo un fondo al que acudir en el caso de que haya que intervenir o rescatar a alguna entidad financiera sin necesidad de tener que convocar urgentemente al Consejo de Ministros para que apruebe la dotación correspondiente, como ocurrió con Caja Castilla-La Mancha.

Algunas fuentes consideran que ese fondo debería dotarse con unos 30.000 millones con cargo al Tesoro, cifra que no ha confirmado ni el Banco de España ni ningún portavoz oficial.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros ha pedido al Gobierno que ese fondo sirva para todo el sistema financiero, no sólo para las cajas, y que no haya una dotación cerrada, sino que sea abierto en función de lo que se necesite. Es más, urge al Ejecutivo para que «tire» de las ayudas que está concediendo la Comisión Europea a los sistemas financieros de otros países antes de que se cierre el grifo, sólo para tener establecido el fondo, aunque no llegue a utilizarse.

Sin costes para el Estado

La CECA considera que para salvar a las entidades que puedan tener dificultades sería suficiente con que el Estado avale las emisiones de preferentes de éstas para reforzar su capital. Además, esta fórmula, en principio, no sólo no le costaría dinero al contribuyente, sino que le daría una rentabilidad, como está ocurriendo ahora con los avales para facilitar liquidez a la banca.

Fernández Ordóñez, manifestó ayer a la prensa que la creación des este fondo de recapitalización está ahora en manos del Gobierno y se intentará que cueste lo menos posible al contribuyente.

Ayer, el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, manifestó en Sabadell -donde se celebró la asamblea anual de este organismo-, que el fondo de reestructuración del sistema financiero español no debería ayudar a todas las entidades, sino sólo a aquellas cuyo coeficiente de solvencia esté por debajo del 8%, que es el mínimo que ahora tienen establecido como norma los supervisores europeos.

Quintás también propuso que se deje la puerta abierta de esas ayudas para los escenarios posteriores a la crisis, entre los que incluyó posibles fusiones y externalizaciones de servicios.

También Quintás abogó por que las cajas reduzcan los recursos que dedican a Obra Social para destinarlos a reforzar el capital de estas entidades.

El presidente de la CECA volvió a insistir en disminuir la representación política en los órganos de gobierno de las cajas y en ese sentido especificó que deberían «catalanizarse», porque en esa comunidad está limitada a un máximo del 25%.