El doctor Luis Montes, ex coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), cree que las comunidades autónomas deben regular los protocolos relacionados con "el fin de la vida" para evitar que "se muera mejor en Andalucía que en Valencia o Madrid" o, como ironizó, que en Valencia "sea en inglés".

Montes ha realizado estas manifestaciones en rueda de prensa con motivo del curso magistral "Eutanasia y suicidio asistido. Un derecho del siglo XXI", que por segundo año consecutivo imparte dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.

Montes ha valorado el proyecto de Ley de Muerte Digna en Andalucía, que comenzará a debatirse en otoño, pero ha opinado que "no va a ser un hito", pues se centra en normativas sobre protocolos, sin entrar en la eutanasia o suicidio asistido, al ser estos aspectos competencia estatal. "No va a cambiar nada", ha dicho.

El anestesista aboga por promover un debate social "tranquilo y sosegado", y que cuente con la "mayor participación posible", sobre estos asuntos, al rechazar que este debate "no interese a nadie". Por el contrario, él entiende que hay "suficientes hechos en la sociedad" para promover la discusión sobre la eutanasia y el suicidio asistido, cuestiones que considera un "derecho humano del siglo XXI" que hay que "ganar" y "conquistar".

Se trata, además de un "clamor popular" y "universal" de las personas "sensatas", ha asegurado, tras recordar que, como todos los derechos, no es obligatorio, sino una elección individual. El doctor Montes augura que en un plazo de 10 años, en "toda Europa" se va a producir un debate social sobre la normativa legal de la eutanasia y el suicidio asistido dado el impacto social de casos como los de Inmaculada Echevarría, en España, Eulana Englaro, en Italia, o el más reciente de Debbie Purdy, en el Reino Unido.

En este sentido, el médico de la asociación "Encasa: cuidados paliativos", Fernando Marín, ha señalado que, en el caso de la figura del "cooperador necesario", su responsabilidad penal depende "en última instancia" del juez "que te toque", por lo que ha lamentado la "inseguridad jurídica" que él aprecia en él Código Penal español. En cualquier caso, Montes ha precisado que "es más el ruido que las nueces", porque en 25 años, no ha habido ninguna sentencia de cárcel para quienes ayudan a la eutanasia o el suicidio asistido.

Por otra parte, se ha referido a la figura del testamento vital, de la que ha lamentado que "no se ha hecho la suficiente difusión" en centros de salud y hospitales. Por tanto, ha instado a Estado y autonomías a que "se pongan las pilas" en este sentido.