El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dictado esta mañana una orden de busca y captura contra la etarra Maite Aranalde, que se encuentra en paradero desconocido después de haber abandonado la pasada semana la cárcel madrileña de Soto del Real tras pagar una fianza de 12.000 euros, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Garzón admitió ayer el recurso que presentó la Fiscalía contra la puesta en libertad de Aranalde que acordó el juez Eloy Velasco -que sustituía a su compañero mientras éste estaba de vacaciones- y ordenó su ingreso en prisión por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al «comando Donosti» de ETA.

Sin embargo, han añadido las fuentes consultadas, cuando las Fuerzas de Seguridad fueron a notificarle el auto de ingreso en prisión y detenerla, Aranalde ya había desaparecido de su domicilio en Ibarra (Guipúzcoa).

Velasco también retiró el pasaporte a la etarra y fijó comparecencias semanales, medidas que, junto con la puesta en libertad, recurrió la Fiscalía al considerar que existía un alto riesgo de fuga de la etarra.

El juez Garzón ya advertía en un auto dictado ayer en relación con la etarra fugada Maite Aranalde que existen indicios suficientes para haber acordado prisión contra ella la semana pasada, después de que fuera entregada a España por las autoridades francesas. En este documento, Garzón ordenaba, nada más incorporarse al Juzgado tras su descanso estival, estimar el recurso de la Fiscalía y ordenar el ingreso en prisión incondicional de Aranalde, si bien la orden no se hizo pública para tratar de evitar su fuga. La medida del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, contraria a la adoptada la semana pasada por su compañero Eloy Velasco- que la puso en libertad bajo fianza de 12.000 euros-, no logró su objetivo, puesto que la Policía trató infructuosamente de dar con ella durante todo el día de ayer. Por eso, hoy a primera hora dictó una orden de busca y captura contra la miembro del «comando Donosti».

En el auto dictado ayer, Garzón defiende que los hechos por los que su Juzgado obtuvo la entrega de Aranalde el pasado martes (integración en ETA y tenencia de armas y explosivos con fines terroristas) comportan un grado «elevado» de riesgo de sustracción a la acción de la justicia «teniendo entrega que la entrega de la procesada no ha sido voluntaria». En este caso, según defiende el magistrado «se cumplen todos los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional para que su prisión sea con carácter incondicional y no sujeta a fianza». Añade que los hechos que él mismo imputó a Aranalde en un auto de procesamiento redactado en noviembre de 2005 por los citados delitos sonlos mismos que se incluyen en el decreto de entrega de las autoridades judiciales francesas, y que dicha resolución no ha sido modificada por la sentencia dictada en el país vecino contra la joven por el delito de asociación de malhechores y conducta terrorista cometida en suelo francés.

Recuerda asimismo a su compañero Velasco -que le sustituía la semana pasada durante sus vacaciones de agosto-, que el juez «debe velar, exclusivamente, porque la procesada no se sustraiga a la acción de la justicia, riesto que, en este caso, sólo se concita con la prisión provisional incondicional de la misma». Dice también Garzón que no debe olvidarse que Aranalde ya huyó de España y que «existe la posibilidad más que probable» de que cualquier momento, de estar en libertad, «pueda volver a la actividad en el seno de la misma, a la que no ha renunciado, ni expresa ni tácitamente».

Respecto de los argumentos de la defensa de Aranalde, que presentó una sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Nacional en abril de 2007 respecto de la pareja de la joven, Iker Olabarrieta, por tenencia de explosivos, Garzón recuerda que esta resolución «no puede determinar la certeza o presunción de que la procesada Aranalde vaya a correr la misma suerte».
En libertad bajo fianza por un errorAranalde fue extraditada por Francia hace una semana pero sólo para enjuiciarla por el delito de tenencia de explosivos y no por su presunta participación en la colocación de varios artefactos explosivos en gasolineras de Madrid en plena operación salida del puente de la Constitución en 2004.

Al parecer, el Tribunal de Apelación de París, que tramita la Orden Europea de Detención y Entrega (OED) librada contra Aranalde por esta última causa, extravió la documentación de esa euroorden, lo que obligó a que el juez Ismael Moreno -en sustitución de su compañero Santiago Pedraz, instructor de la causa- cursara de nuevo a Francia la OED la semana pasada.

Aranalde, detenida en marzo de 2005 en Montpellier, está reclamada también por otra causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 2 por colaboración con organización terrorista, aunque en junio de 2008 la Cámara Correccional del Tribunal de Gran Instancia de París la condenó a seis años de prisión por asociación de malhechores con fines terroristas.