El Grupo Parlamentario Popular ha hecho los deberes. Sus expertos, dirigidos por Soraya Sáenz de Santamaría, han estado trabajando este mes de agosto y mañana se reúnen en el Congreso, a las 11 de la mañana, con las ideas muy claras sobre cuáles serán las líneas maestras de la propuesta que realizarán para reformar la actual Ley del Menor. El PP propondrá un plan global que incluirá la revisión de las actuales medidas punitivas, pero que se basará de forma prioritaria en la prevención y en la rehabilitación de los menores infractores.

Santiago Cervera, diputado del PP, médico y uno de los miembros del grupo de trabajo, defiende que en la actual ley «lo que falla es la detección precoz de los casos en los que un menor presenta conductas que pueden llegar a ser delictivas».

Plan global

El PP, en línea con las tendencias de los principales países europeos, busca con su propuesta «implicar en mayor medida a las familias, la escuela y los servicios asistenciales (sociales o sanitarios) en el problema. Es necesario que la Ley Penal del Menor contemple una mayor capacidad de prevención del delito cometido por menores, lo que incluye la detección a tiempo de las conductas disruptivas y su corrección».

«Somos conscientes -prosigue Cervera- de que hay que saber poner en marcha medidas no sólo punitivas, sino también preventivas y rehabilitadoras. Parte de estas medidas consisten en facilitar la aportación profesional de los expertos en la conducta humana (psiquiatras y otros) en la prevención de los comportamientos antisociales».

Así, entre otras, se estudia incluir novedades como la participación de equipos multidisciplinares y expertos en conducta cuando aparezcan actuaciones antisociales de diversos tipos. También se pretende crear las condiciones para que se produzca una mayor responsabilización de los padres en las acciones de los menores a su cargo (incluso patrimonial o en multas), o la capacitación de los jueces para que impongan medidas ejecutivas de tipo terapéutico. Igualmente se está estudiando la ampliación de los hechos que pueden ser constitutivos de delito, en lugar de ser considerados como falta.

La proposición de ley, que el PP pretende presentar en el Congreso este mismo mes, incluirá asimismo la solicitud de reducir la edad penal a los 12 años de los menores que sean multirreincidentes o que cometan delitos de especial gravedad como violaciones o asesinatos. Uno de los objetivos prioritarios es el de acabar con la sensación de impunidad que ha acompañado este verano a delitos tan graves como las violaciones múltiples de dos niñas de 12 y 13 años, una de ellas disminuida psíquica, cometidas por menores, algunos por debajo de los 14, que se produjeron en Isla Cristina y en Úbeda.

La reforma también abordará el modelo de internamiento para los menores de más de 16 años y el agravamiento de la responsabilidad de los adultos que se sirvan de menores para que estos cometan delitos o para que carguen con las consecuencias.

Federico Trillo, Arturo García Tizón y Dolors Montserrat, en el área jurídica, Lourdes Méndez Monasterio, portavoz de Política Social, y los portavoces adjuntos Alfonso Alonso, especialista en Educación, y Santiago Cervera, experto en Sanidad, están ultimando un «trabajo mayor y en profundidad», una proposición de ley que afectará a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al Código Penal y puede que hasta al Código Civil.