El Gremi dŽEmpresaris de Cinemes de Cataluña se sumó al rechazo a las sanciones previstas por la ley del Cine en Cataluña al considerar que son «desmesuradas» y fruto de una política «intervencionista inaceptable». En declaraciones Efe, la gerente del gremio, Pilar Sierra, criticó que la Generalitat cree a través de «medidas de obligación» una oferta «artificial» de películas en catalán, que perjudicará «aún más» a un sector en crisis. «Son unas sanciones desmesuradas si se comparan con las que existían», subraya Sierra, quien indicó que, por ejemplo, la antigua sanción de 3.000 euros por el retraso en la presentación de datos a las administraciones puede costarles ahora hasta 40.000 euros.

Hasta ahora, el público elige en un 75-80 por ciento de los casos las películas en versión castellana. «Con medidas impositivas no se puede crear una demanda ni un hábito que no existe», apuntó Sierra, después de señalar que el gremio no está «en ningún caso» en contra del catalán ni del cine en esta lengua. «Quizás la gente llegará a adaptarse a este nuevo modelo, ¿pero a costa de cuántas salas de cine cerradas?», se cuestiona.

Los empresarios se quejan de que la Generalitat no escuchara sus demandas y rechazara la propuesta que el gremio y las distribuidoras presentaron el pasado 30 de septiembre. En ella proponían que los cines de más de cuatro salas dedicaran una a películas en catalán, en una puesta en marcha «progresiva» de un hábito no arraigado. «Hay recorrido aún y podemos intentar que cambien las cosas», sentenció Sierra, quien confía en que el anteproyecto no acabe aprobándose.

Por su parte, el distribuidor y exhibidor Enrique González Macho, propietario de Alta Films y de los cines Renoir, consideraba ayer que se trata de una ley de «normalización lingüística», y no una ley del Cine. No conoce el anteproyecto, salvo por el globo sonda lanzado ayer por la Generalitat en sus medios afines, pero su primera impresión es que a quien perjudica casi hasta la muerte es a las distribuidoras independientes. «Las majors harán lo que les convenga, doblar al catalán o renunciar a ese 1 por ciento del mercado mundial que les supone ese territorio; pero para nosotros, los independientes -dice- que traemos cine europeo o de tamaño más reducido, nuestro mercado no es mundial, sino español, y Cataluña supone un 23 por ciento del mercado español, con lo que renunciar a él nos lleva a la ruina».

Renunciar al mercado catalán es una ruina para el pequeño distribuidor, pero aceptar la obligatoriedad de esta ley de doblaje al catalán es una muerte segura: «El doblaje, el tiraje de copias y la publicidad en catalán suponen gravar en unos 70.000 euros los gastos para el lanzamiento de una película. Y el cine que nosotros distribuimos y exhibimos no puede de ningún modo cargar con esa cantidad añadida».

Lo que hace este anteproyecto es intentar, de manera encubierta, pero evidente, que vaya desapareciendo paulatinamente el castellano también de los cines, tal y como ocurre, o se pretende que ocurra, en otras áreas culturales y sociales de Cataluña. El riesgo es que acepten el órdago las majors, pues en las dos ocasiones anteriores que intentó la Generalitat forzarles la mano siguieron su camino sin hacer apenas caso. Esta vez dependerá igualmente de los intereses de las grandes distribuidoras americanas que se acepte o no la imposición del doblaje. A favor de su aceptación está el hecho de que las majors siempre se pliegan a la ley, o sea, nunca la infringen. En contra, un más que posible efecto dominó, pues no tardarían ni dos semanas en tener que doblar también al vasco, al gallego y a lo que se tercie.

González Macho no ve muchas salidas a esta situación, y tal vez la única posible se la comunicó personalmente al consejero de Cultura, Tresserras; puesto que cualquier película de tamaño medio que distribuye en España está ajustada al máximo entre precio, costes y taquilla, es imposible invertir en ella esos 75.000 euros para el doblaje, tiraje y publicidad en catalán (curiosamente, las multas son equivalentes a lo que costaría entrar por el aro de esa ley). O sea, que tendría que renunciar a estrenarla en salas de cine, y a cambio explotar desde el principio su versión DVD mediante la venta en quiosco. No está mal la solución: mientras que en el resto de España han de ir al cine a verla, nosotros, aquí en Cataluña, la compramos en el quiosco y la vemos en casa... Y en chino, si nos da la gana.