En el peor momento y de la peor manera. A falta de un año para las autonómicas y aún sin sentencia del Estatuto, las consecuencias de la operación Pretoria sobre la política catalana se intuyen devastadoras: el alcalde socialista de Santa Coloma, un ex diputado autonómico y dos hombres del núcleo de confianza de Jordi Pujol desfilando ante la Audiencia Nacional en una cuerda de presos. No va a salir gratis.
Si hace pocos meses se especulaba con un adelanto electoral para llevar las autonómicas a la primavera, la onda expansiva de la corrupción ha liquidado tal expectativa. PSC y CiU, principales damnificados, tratan de contener con peor o mejor fortuna lo que va a ser un palo a sus expectativas electorales. Si los socialistas confirmaban tras la imputación del alcalde Bartomeu Muñoz que mañana será expulsado, CiU, de manera más tibia, esperó hasta ayer para anunciar que a Alavedra y a Prenafeta se les suspendía temporalmente.
En todo caso, unos y otros aparecían noqueados; José Montilla, como primer secretario del PSC, todavía no ha abierto boca, mientras, desde CiU se esboza un amago de estrategia apelando a que si entre los socialistas Pretoria dibuja una trama política, en su caso sólo alude a dos ex altos cargos ya inactivos.
El Estatuto, tocado
Son sólo los primeros balbuceos ante un escándalo que se teme tenga más ramificaciones. Ayer mismo, el alcalde de Badalona (PSC) reclamaba al consejero delegado de la sociedad mixta Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido -no imputado pero sí relacionado con la trama- que renuncie a su cargo hasta aclararse el caso. A la vez, el Instituto Catalán del Suelo, organismo dependiente de la Generalitat, decidía revisar las gestiones realizadas con el Ayuntamiento de Santa Coloma después de que su presidente fuese señalado por Garzón como participante en reuniones con el alcalde y el ex diputado Luis García «Luigi».
En este escenario, abonado previamente por la conmoción que supone el escándalo del Palau de la Música, el resto de partidos se reubica: ERC, desgastada por los casos de despilfarro y mala gestión en la Generalitat, ve en Pretoria un balón de oxígeno. En el PPC, Alicia Sánchez Camacho, sin estar contaminada por las guerras internas del PP nacional, levanta la voz en Cataluña con un discurso regeneracionista.
Si los casos de corrupción empiezan ya a envenenar el clima pre electoral en Cataluña, otro tanto sucede con la sentencia del Estatuto. El frente único, la respuesta nacional que muchos exigían ante una sentencia que se prevé a la baja, queda definitivamente diluido. Si a duras penas los dos grandes partidos pueden articular ahora un discurso que se sostenga ante la ciudadanía, la respuesta política que puedan dar ante el Constitucional se intuye átona. Algunos, en una nueva teoría de la conspiración, ya denuncian una maniobra para emitir ahora la sentencia aprovechando la debilidad catalana.
En el frente ciudadano, la llamada «sociedad civil» se presenta entre asqueada y desmoralizada: primero les hunden el mito del Palau de la Música, luego estalla un escándalo de corrupción que muchos sólo creían posible en Marbella o en Madrid. La distancia y superioridad moral con que desde Cataluña se celebraban los detalles más «cutres» del caso Gürtel ya no es tal. Cataluña descubre que entre los suyos hay tipos que se hacen llamar «Luigi».