De gran relevancia ha definido el momento la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y no es para menos. Tras muchos dimes y diretes y otros tantos pasos en falso, finalmente el Gobierno ha decidido, tal y como adelantaba ABC, que sea la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la encargada de tomar las medidas oportunas contras las páginas web de descargas.

«Se trata de una norma en la que trabaja todo el Gobierno y en la que se busca un nuevo modelo de crecimiento que impulse la recuperación económica», ha dicho Fernández de la Vega (que comparecía junto al ministro de Justicia, Francisco Caamaño) respecto a la Ley de Economía Sostenible. «Con este proyecto queremos alcanzar el mayor consenso posible porque se trata del marco por el que discurrirá el futuro. Desde luego el Gobierno ha trabajado siempre con la intención de aromonizar derechos en la Red, sin vacíos legales y sin indecisiones. Creemos que el modelo decidido y que empieza ahora a tramitarse establece todas las garantías».

Una vez confirmada la decisión adelantada por este diario, María Teresa Fernández de la Vega ha cedido la palabra al ministro de Justicia con objeto de que especificara las características legales de la medida adoptada. Caamaño ha confirmado que «se trata de un procedimeinto ágil y eficaz. Se mantiene la Comisión de Propiedad Intelectual y se le permite recibir quejas de los ciudadanos y ponerlo en concimiento de las partes implicadas».
Un derecho fundamentalAnte la inquietud generada, el ministro ha especificado que «es el juez quien va a ponderar y quien va a decidir. Los procedimientos más ágiles son los que tienen que ver con los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, también en internet. Para ello hemos creado un nuevo artículo, el 122 en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En él se le dice al juez que tiene un plazo máximo de cuatro días para resolver el conflicto en lo que respecta al cierre de páginas web que afectan a la propiedad intelectual».

Caamaño ha continuado explicando que «los cambios introducidos exigen ley y alguno de ellos Ley Orgánica. Se trata, por tanto, de una competencia de control previo que se concede a los jueces». Agilidad, eficacia y máximas garantías, por tanto, para la nueva legislación que afecta al cierre de páginas web de descargas en la Red.