Estima que destinó más de 155.000 euros en las semanas previas a la moción de censura de PSOE y PP del pasado verano que acabó desalojándolo de la Alcaldía
José Luis Vega (IU), durante un acto de su etapa como alcalde. ABC
Vega lo niega todo y habla de «cortina de humo»
José Luis Vega (IU) salió ayer al paso de la denuncia asegurando que no ha realizado «ningún pago con facturas falsas» y señalando que la denuncia interpuesta por el PSOE es «más de lo mismo» en contra de IU «para justificar la moción de censura». Para el ex alcalde, se trata de una «cortina de humo» sobre su imagen, reiterando que el pago de las facturas es «rotundamente falso y el tiempo dirá, como en la denuncia sobre Fadesa, quién miente y quién no». «Todo se enmarca en la estrategia del PSOE tras ver que todo lo que en su día dijeron para justificar la moción de censura se les ha vuelto en contra», abundó. Vega subrayó que con esta denuncia el PSOE «ha cruzado la línea de lo lógico y se ha pasado a vulgaridad» ya que, según detalló, no sólo lo nombra a él, sino a terceras personas anónimas «que no tienen nada que ver con la vida política». Además, dijo de que ha puesto el asunto en manos de sus abogados «para interponer una querella por la denuncia falsa» del PSOE.
Publicado
Viernes
, 22-01-10 a las 07
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Más casos con mal olor en ayuntamientos de la provincia. El PSOE de La Algaba presentó ayer en los Juzgados de Sevilla una denuncia contra el ex alcalde de la localidad José Luis Vega (IU) por haber realizado de forma reiterada pagos por facturas falsas por un total de 155.864 euros. Esos pagos irregulares tuvieron como destino empresas «muy próximas» a su entorno por servicios o suministros presuntamente no cumplidos y al margen de los procedimientos de licitación pública y control administrativo, hechos que el actual regidor (el socialista Marcos Agüera) y denunciante fija entre la presentación de la moción de censura que apartó a Vega del poder y la consumación de la misma. O sea, que empezó a pagar cuando supo que podía abandonar el cargo y dejó de hacerlo cuando se marchó.
El 9 de julio de 2009, los concejales del PSOE y el único edil del PP formalizaron una moción de censura para expulsar del poder a Vega, quien hasta entonces gobernaba en coalición con el PSOE. El 21 de julio, así, se hizo efectiva la citada moción con la destitución del alcalde de IU y la proclamación de Agüera como nuevo regidor. Según la denuncia, que este periódico recoge, durante el periodo de días comprendido entre la formalización y la consumación de la moción de censura, según la denuncia, Vega «procedió al pago indiscriminado de facturas contraviniendo los informes técnicos municipales» de la Tesorería y la Intervención «sabiendo que dejaría de ostentar el cargo de alcalde», toda vez que las empresas beneficiarias de estos pagos pertenecen a un entorno «muy cercano» al ahora ex alcalde.
De hecho, según ha podido saber ABC, una de las empresas beneficiada, Guadalquivir Gestión y Mantenimiento, tiene como apoderado a un amigo íntimo de Vega, cuya esposa es socia de la mujer del empresario en una tienda de ropa infantil —constituyeron esa sociedad el 1 de febrero de 2008—. Incluye la denuncia del PSOE empresas como la citada Guadalquivir Gestión y Mantenimiento, Enatec Gutiérrez Márquez S.L., Aselec y Gumatrix S.L.
Las facturas en cuestión llevarían aparejadas «certificaciones de técnicos municipales y jefes de servicio que afirman que, o bien no tienen constancia de la realización del servicio o que dichos servicios los han realizado los trabajadores municipales». Una de las facturas, según advierte la denuncia socialista, fue corregida «de forma manuscrita por el propio Vega» a la empresa emisora, ya que el concepto de la misma ya habría sido anteriormente presentado en otra.
«La mayoría» de estas facturas cuenta con un «informe negativo» de la Intervención municipal, por lo que el actual alcalde duda de la «realidad» de los documentos, la prestación de los servicios contratados y «la legalidad de los pagos ordenados», de lo que se deduce un comportamiento perjudicial para las arcas municipales, que habrían sufrido un «grave quebranto» por estos hechos. Los informes negativos del interventor sobre estos pagos se centran en la falta de expediente de contratación, requisito vital, o en el hecho de que los pagos en sí no se ajustan a la normativa vigente. En el caso de la empresa de su amigo, Guadalquivir Gestión y Mantenimiento, muchos de los servicios prestados no se ajustan al objeto social de la empresa o se trata de trabajos que habitualmente realiza el propio Ayuntamiento.