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Lunes
, 25-01-10 a las 16
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Además de demandar explicaciones al Gobierno por el procedimiento que se va a seguir en la decisión del establecimiento del almacén de residuos nucleares (ATC), conocido como el cementerio nuclear, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha aportado en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido en Génova la propuesta que su partido realizará para pedir la reforma de la Ley de Extranjería, de forma que la regulación sea «única» para toda España, como ya esbozó la semana pasada Mariano Rajoy en una visita a Barcelona. La finalidad, ha postulado De Cospedal, es impulsar cuatro puntos: estudiar los requisitos y efectos del padrón municipal, para que no sea incompatible con las normas de extranjería, que no sea necesario empadronarse para acceder a los servicios básicos y también por expulsar a los inmigrantes irregulares que cometan un «delito doloso» castigado con más de seis meses de prisión.
Pero Cospedal ha puesto la voz en grito por las informaciones publicadas en los últimos días sobre el «chivatazo» a ETA, unas informaciones que -como hoy publica ABC- son muy preocupantes, por lo que pedirá que sea el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien explique en sede parlamentaria la oferta al magistrado instructor de la querella contra Baltasar Garzón en la causa de las fosas y la memoria histórica, Luciano Varela, de un sillón en el Tribunal Constitucional.
No hay un Cospedal contra Cospedal Sobre otro tema de rigurosa actualidad, la «número dos» de los populares ha rechazado las acusaciones de los últimos días, acerca de que su cargo como presidenta del PP en Castilla-La Mancha rivalice con ser dirigente de la dirección nacional, porque este doble cargo «no afecta a mi neutralidad» sobre el uso de la energía nuclear y la instalación de un cementerio de residuos nucleares en su autonomía.
Pero Cospedal ha puesto la voz en grito por las informaciones publicadas en los últimos días sobre el «chivatazo» a ETA, unas informaciones que -como hoy publica ABC- son muy preocupantes, por lo que pedirá que sea el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien explique en sede parlamentaria la oferta al magistrado instructor de la querella contra Baltasar Garzón en la causa de las fosas y la memoria histórica, Luciano Varela, de un sillón en el Tribunal Constitucional.
No hay un Cospedal contra Cospedal Sobre otro tema de rigurosa actualidad, la «número dos» de los populares ha rechazado las acusaciones de los últimos días, acerca de que su cargo como presidenta del PP en Castilla-La Mancha rivalice con ser dirigente de la dirección nacional, porque este doble cargo «no afecta a mi neutralidad» sobre el uso de la energía nuclear y la instalación de un cementerio de residuos nucleares en su autonomía.
Cospedal ha negado en rueda de prensa que haya habido «alguna contradicción» entre su posición y la del vicesecretario general del PP y presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, sobre la apertura de un expediente disciplinario al alcalde de Yebra (Guadalajara) por proponer su municipio como sede del almacén nuclear. Según ha dicho, el expediente se ha abierto porque el alcalde de Yebra desatendió la petición que se le había hecho para que recabase el consenso de los vecinos y de los pueblos de la comarca. Al actuar de otra forma, ha matizado que el PP de Guadalajara ha abierto un expediente informativo «para saber por qué había actuado de esta manera».
Cospedal ha dicho que con sus declaraciones sobre Yebra de la semana pasada ha habido «mucha manipulación» y ha presumido de tener una posición «meridianamente clara». Tras media docena de preguntas sobre el tema, ha repetido una y otra vez que la decisión sobre el emplazamiento del almacén «le corresponde al Gobierno» a través del Ministerio de Industria.
En la Junta de alcaldes del Partido Popular, que se reunían hoy con el vicesecretario general de Política Territorial del PP, Javier Arenas, los regidores populares han exigido una reforma de la Ley de Extranjería para suprimir las «contradicciones» que contiene el texto vigente y garantizar «iguales derechos y deberes» de los ciudadanos extranjeros respecto al conjunto de los españoles. Así consta en la declaración aprobada que el PP ha distribuido entre los medios de comunicación, tras la reunión. Sin embargo, ha sido la secretaria general del partido la que ha adelantado la decisión y ha explicado que el padrón está reconociendo «de facto» derechos a los inmigrantes y ha asegurado que es necesario reformar la ley vigente para emprender «una regulación clara de los derechos y libertades» que asisten a los que residen en España, de manera que se distingan las ventajas de los que viven de manera legal y los que no tienen regularizada su situación.
Cospedal ha dicho que con sus declaraciones sobre Yebra de la semana pasada ha habido «mucha manipulación» y ha presumido de tener una posición «meridianamente clara». Tras media docena de preguntas sobre el tema, ha repetido una y otra vez que la decisión sobre el emplazamiento del almacén «le corresponde al Gobierno» a través del Ministerio de Industria.
En la Junta de alcaldes del Partido Popular, que se reunían hoy con el vicesecretario general de Política Territorial del PP, Javier Arenas, los regidores populares han exigido una reforma de la Ley de Extranjería para suprimir las «contradicciones» que contiene el texto vigente y garantizar «iguales derechos y deberes» de los ciudadanos extranjeros respecto al conjunto de los españoles. Así consta en la declaración aprobada que el PP ha distribuido entre los medios de comunicación, tras la reunión. Sin embargo, ha sido la secretaria general del partido la que ha adelantado la decisión y ha explicado que el padrón está reconociendo «de facto» derechos a los inmigrantes y ha asegurado que es necesario reformar la ley vigente para emprender «una regulación clara de los derechos y libertades» que asisten a los que residen en España, de manera que se distingan las ventajas de los que viven de manera legal y los que no tienen regularizada su situación.
El PP quiere evitar así que haya un trato desigual como consecuencia de las decisiones tomadas por los alcaldes, como ha estado a punto de pasar en Vic (Barcelona) por la intención del primer edil de negar el empadronamiento a los inmigrantes en situación irregular. Cospedal ha pedido un «debate amplio» en España sobre el problema de la inmigración, sobre todo ahora que la crisis económica ha provocado «cambios tan profundos» en la sociedad en materia de empleo y de integración.