Con la reunión de hoy en Bruselas los ministros de economía de los países miembros de la UE tratarán la crisis griega. Además de esperar que el plan de estabilidad ya presentado por Atenas se cumpla al pie de la letra con constante vigilancia comunitaria, se espera que solicitarán nuevas medidas de ajuste destinadas a evitar la quiebra del país mediterráneo.

Se habla en la capital griega de nuevas medidas adicionales que podrían basarse en subir en un punto el IVA, reducir la decimocuarta paga de los salarios griegos, «abrir» una serie de profesiones que hasta ahora sólo pueden ser ejercidas por griegos (larga lista desde transportistas y taxistas hasta abogados, notarios y dueños de funerarias).

Cualquiera de estas medidas sería profundamente impopular y tendría una repercusión tremenda en la opinión pública helena que se encuentra asustada, confusa y profundamente enfadada con el gobierno conservador anterior.

Entretanto a diario se escucha que distintos grupos profesionales se añaden para participar en la huelga general convocada por la Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) para el miércoles 24 de febrero, una huelga de protesta ante el plan de austeridad presentado por Papandreu que intentará reducir el déficit público actual del 12,7% al 2,8% en tres años y conseguir también que el crecimiento pase del -0,8% del cuarto trimestre del 2009 a un 2,5% en el 2013.

Dicho plan se basa en una subida de impuestos en general y de los impuestos para el tabaco, alcohol y combustible, la congelación de todas las contrataciones en el sector público junto con una reducción del 10% de los múltiples suplementos salariales de los funcionarios y otras reformas mas que incluyen la elevación de la edad de jubilación. Todas ellas medidas nada populares que amenazan con crear un clima negativo y multiplicar las huelgas en un país en crisis.