El «caso Gürtel» se puede volver contra el juez Baltasar Garzón. Tras cumplirse un año desde que el magistrado de la Audiencia Nacional destapase una trama de corrupción que salpicaba directamente a un empresario que dirigía un conglomerado de 23 sociedades, Francisco Correa, y de manera implícita a cargos del PP, la tercera causa judicial abierta contra el juez Garzón puede provocar la paradójica imagen de que el ratón persiga al gato.

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido hoy la personación como acusación particular del presunto cerebro de la trama a la que se bautizó con el apellido, precisamente, en su acepción en alemán -«Gürtel»-, en la causa abierta contra el juez Baltasar Garzón por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados y sus abogados. Así lo ha acordado la Sala de lo Penal del TS, según han informado hoy fuentes del Alto Tribunal.

El abogado de Correa, José Antonio Choclán, pidió al Supremo la semana pasada ser parte en esta causa abierta a Garzón tras la querella interpuesta por el abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario imputado José Luis Ulibarri. La Sala de lo Penal admitió a trámite la querella de Peláez por un delito de prevaricación y de otro cometido por una autoridad contra la garantía constitucional de la intimidad el pasado 25 de febrero.

Ordenó la intervención de las comunicacionesEn esta querella Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional, sostiene que el 19 de febrero de 2009 Garzón dictó un auto secreto, que prorrogó el 20 de marzo, para ordenar la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con sus abogados, especialmente con José Antonio Rubal, también imputado.
Según el querellante, el juez de la Audiencia Nacional continuó adelante con su actuación pese a que el Ministerio Fiscal le requirió varias veces para que corrigiera dichas conductas ante la manifiesta ilegalidad de las mismas.

En una de las comunicaciones grabadas por orden de Garzón, que trascendió una vez que se levantara el secreto de parte del sumario, se recoge una conversación entre Peláez y Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego, en la que éste dice que cree que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, «se habrá pagado él, de su bolsillo» los trajes.

Por su parte, la Fiscalía ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo contra la admisión a trámite de esta querella al estimar que las escuchas ordenadas por el magistrado aportaron datos que fueron «clave» en la investigación.