El ex presidente del Gobierno balear y ex presidente del PP de las Islas, Jaume Matas, ha responsabilizado al ex director general de Deportes del Ejecutivo autonómico, José Luis Ballester, de las decisiones relativas a la construcción del velódromo Palma Arena, que fue inaugurado a principios de 2007. Matas ha dicho ante el juez que él sólo habría tomado las decisiones políticas. Ballester, es otra de las personas imputadas en el llamado "caso Palma Arena", y se encuentra en libertad bajo fianza de 50.000 euros desde el pasado mes de agosto. El juez le imputa malversación, prevaricación y falsedad documental.

Matas volverá este jueves, por tercer día consecutivo, a los juzgados de Palma, después de haberlo hecho durante más de seis horas. El juez decidió, pasadas las ocho y media de la tarde, suspender la vista y continuar mañana con la declaración de Matas, a quien preguntará por el palacete que adquirió en la capital balear. Se prevé que finalmente sea este jueves cuando concluya la comparecencia judicial del ex político del PP, quien trabaja ahora en Estados Unidos y el lunes por la noche regresó a Mallorca para acudir a su citación judicial.

El también ex ministro de Medio Ambiente ha negado esta mañana ante el juez que el piso de Madrid en el que residen sus hijos cuando se encuentran en la capital de España sea de su propiedad. Asimismo, ha negado que hubiera utilizado como testaferro para la adquisición de dicha vivienda a Bartolomé Reus. Matas sí ha reconocido, en cambio, que su cuñado, Fernando Areal, dio una fianza de 100.000 euros para la compra del citado piso antes de las elecciones de 2003, en las que el PP consiguió la mayoría absoluta en Baleares.

Asimismo, ha afirmado que el incremento patrimonial personal habido en estos últimos años habría sido fruto de sus ingresos y sus rentas familiares. Tras un breve receso al mediodía, a partir de las 16.30 horas se ha reanudado la comparecencia ante el juez.

Matas y su esposa, Maite Areal, acompañados por uno de sus abogados, Rafael Perera, habían llegado poco antes de las 09. 00 horas a los Juzgados centrales de Palma, en cuyas inmediaciones se encontraban una veintena de personas, que han abucheado al ex líder popular cuando le han visto dirigirse hacia la sede judicial.

Cabe recordar que Perera había pedido ayer la suspensión provisional de las comparecencias previstas en el marco del llamado "caso Palma Arena", en el que se encuentran imputados Matas y su esposa, tras darse a conocer nuevas pruebas durante la comparecencia ante el juez de otro de los imputados, Fernando Areal, cuñado de Matas.

Las citadas pruebas son, en concreto, las grabaciones de varias conversaciones telefónicas mantenidas a partir de diciembre pasado entre los cuatro imputados que debían declarar en principio ayer, que eran, además de Fernando Areal y de Jaume Matas, Maite Areal y un presunto testaferro, Bartolomé Reus, quien ha declarado ya hoy a primera hora de esta mañana.

Con respecto a las mencionadas grabaciones, que supuestamente podrían ser incriminatorias, Perera ha solicitado al juez Castro que sean "expulsadas de la causa y en modo alguno puedan ser utilizadas como pruebas en contra de los imputados". En caso de que no sea atendida la petición de Perera, presentará un recurso.

Por lo que respecta a la comparecencia de Reus, ha negado su condición de testaferro y al mismo tiempo ha afirmado que el piso ubicado en Madrid que fue objeto de un registro judicial a finales del pasado año, situado en el barrio de Salamanca, es suyo, a pesar de que se sospecha que podría ser propiedad de la familia Matas. A continuación ha comparecido ante el juez Maite Areal, quien se ha acogido a su derecho a no declarar. Con posterioridad, ha abandonado los Juzgados.

Cabe recordar que en el llamado "caso Palma Arena" se investigan, por una parte, las posibles causas del sobrecoste de este equipamiento deportivo, y, por otra, el presunto incremento patrimonial de Matas durante la pasada legislatura, así como una supuesta financiación irregular del PP en la campaña electoral de 2007.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma e instructor del "caso Palma Arena", José Castro, atribuye a Matas la comisión de un total de nueve delitos, en concreto, los de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y delito electoral, presuntos delitos que sumados podrían llegar a suponer una pena total de hasta 30 años de cárcel.

La expectación ciudadana y mediática ha sido hoy mucho menor que ayer, cuando en las inmediaciones de la sede judicial se concentraron cerca de doscientas personas, que abuchearon a Matas cuando le vieron aparecer, llegando en algunos casos incluso a los insultos. La veintena de personas que se encontraban hoy en el lugar han gritado "los dineros, los dineros" al ex líder popular. En cuanto a los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, fueron vitoreados y aplaudidos ayer, y también lo han sido esta mañana.

En su declaración de ayer, Fernando Areal reconoció haber pagado sin factura 32.000 euros por una de las reformas realizadas en la casa que Matas posee en Palma, conocida coloquialmente como "el palacete". Dicha cantidad de dinero le habría sido entregada por su hermana. Asimismo, reconoció que abonó 100.000 euros para la compra de una casa en Madrid, que aunque figura a nombre de Reus, se cree que es propiedad de la familia Matas. En una de las cintas presentadas ayer, se escucha a Areal expresando su deseo de que Reus no le deje "con el culo al aire" en este asunto. Areal negó, en cambio, haber entregado unos 70.000 euros a la empresa Nimbus para una supuesta financiación irregular del PP balear en la campaña electoral de 2007.

En un primer momento, en el "caso Palma Arena" se investigaban sólo las posibles causas del sobrecoste de este equipamiento deportivo, inaugurado a principios de 2007, que contaba con un presupuesto originario de 47,7 millones de euros y que acabó costando finalmente unos 110 millones. En septiembre del pasado año se produjo un giro radical en este caso, cuando el juez Castro decidió incorporar al sumario las diligencias informativas realizadas en el marco de otra investigación, en principio por completo ajena a ésta, la denominada «operación Buckingham», en la que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares intentaba averiguar las razones del citado presunto incremento patrimonial de Matas.