El levantamiento parcial del secreto del «caso Gürtel», que previsiblemente se producirá hoy y que podría afectar a unos 50.000 folios del sumario, viene marcado por la anulación de todas las intervenciones de las comunicaciones que dos de los tres principales imputados mantuvieron en prisión con sus abogados defensores y otros letrados personados en la causa. La decisión, adoptada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado 25 de marzo, contraviene lo mantenido hasta ese momento por el instructor de la causa, el magistrado Antonio Pedreira, quien consideró perfectamente legales todas esas escuchas así como los indicios de criminalidad que de ellas hayan podido derivar. Está por ver si Pedreira prorrogó esas escuchas (acordadas por el primer instructor del sumario, juez Baltasar Garzón); y también alcance real de la nulidad y el de sus efectos en la investigación de este entramado empresarial y político.

La expectación ante lo que pueda salir a la luz después de este levantamiento del secreto se centra ahora muy especialmente en el contenido de esas conversaciones, aunque fuentes consultadas por ABC han explicado que lo normal es que Pedreira haya purgado el sumario y no las incluya en el dvd que entregue a los abogados. Cosa distinta es que después autorice a las partes a conocer las grabaciones invalidadas para que puedan solicitar la eventual nulidad de otras pruebas que consideren vinculadas a ellas.

Con el previsto hoy se producirá el segundo levantamiento parcial del secreto que pesa sobre el «caso Gürtel». El primero tuvo lugar hace cinco meses, el 29 de septiembre de 2009, y afectó sólo a 17.000 de los 60.000 folios que abarcaba la parte de la instrucción realizada por el juez de la Audiencia Nacional, quien descubrió este entramado de corrupción que ha alcanzado a varios cargos públicos del Partido Popular. Fue precisamente la presunta implicación de aforados del PP de Madrid, de dos parlamentarios nacionales y de cargos de la Generalitat valenciana (esta última parte está archivada por no ser los hechos delictivos) lo que obligó a Garzón a inhibirse en favor del TSJM (que investiga al grueso de la trama), del Tribunal Supremo (que tramita la parte que afecta al ex senador Luis Bárcenas y al ex diputado Jesús Merino) y del TSJ de la Comunidad Valenciana.

La parte del sumario que aún queda secreta es muy amplia, pues de ella forman parte las numerosísimas diligencias practicadas por Pedreira desde que se hiciera cargo de la causa hace ahora un año. Entre otras, las quince comisiones rogatorias cursadas a una decena de países para tratar de desenmarañar la estructura internacional presuntamente creada por el cerebro de la trama, Francisco Correa, e integrada por sociedades que se constituyeron en Inglaterra y Holanda y que estarían participadas por entidades creadas en paraísos fiscales.

En este momento, siguen imputadas 65 personas, entre las que destacan Correa y su «segundo», Pablo Crespo (ambos siguen privados de libertad) así como el testaferro Antoine Sánchez; también siguen imputados los aforados madrileños del PP Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch y los ex alcaldes Arturo González Panero, Jesús Sepúlveda, Guillermo Ortega y Ginés López.