El pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha decido esta mañana rescindir «definitivamente» el acuerdo de concesión, por 75 años, del Palacio del Infante Don Luis otorgado a la Sociedad General de Autores (SGAE), suscrito por el anterior alcalde de la localidad madrileña, Panero, y el presidente de la entidad de Gestión, Eduardo Bautista.

La causa alegada para retirar la concesión ha sido la no viabilidad del proyecto presentado por la SGAE, rechazado por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid hace unos meses. A pesar de que la entidad había reiterado su intención de modificar dicho proyecto, el Ayuntamiento ha decidido dar por cerrado este acuerdo. Desde Alternativa por Boadilla, el partido minoritario, que desde hace ocho años lucha en contra de esta concesión por considerarla ilegal (de hecho llevaron el caso al Tribunal Superior de Justicia, y está pendiente de sentencia), manifestaban su satisfacción a este periódico: «El pez chico se ha comido al pez gordo», afirmaba Ángel Galindo, portavoz del grupo.
Pedir las llaves a BautistaSobre los pasos a tomar ahora, explicaba, que lo primero es «pedirle a Bautista la devolución de las llaves del Palacio, algo que deberá hacerse a través de un acto formal y con un documento público de por medio». En cuanto a la posibilidad de que la entidad de gestión les exija una indemnización por el tiempo y dinero invertidos en este edificio, Galindo reconoce que «si es cierto que han cambiado alguna puerta o ventana, habría que abonarles ese dinero, pero nada más. No se puede pagar una indemnización por presentar un proyecto ilegal para una concesión ilegal. Ellos sabían dónde se metían».

El edificio, una vez rehabilitado, para lo que la SGAE iba a invertir 30 millones de euros, tenía previsto convertirse en la nueva sede de la Fundación Autor y en uno de los espacios estrella de su red de centros ARTeria. A la espera de conocer las primeras reacciones de la entidad tras la decisión definitiva, la semana pasada, y ante los constantes rumores, envió un burofax al Ayuntamiento de Boadilla advirtiéndole de que no dudaría en tomar medidas legales para defender la concesión.