El TSJA investiga la ayuda a una fundación de Empleo disuelta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investigará la subvención de 16,67 millones de euros que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) recibió el 5 de mayo pasado, el mismo día en que se acordó la disolución de este ente adscrito a la Consejería, que forma parte de la «administración paralela» de la Junta, según expuso la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ante el órgano judicial. El sindicato, mayoritario entre los empleados públicos de la Administración autonómica, presentó un recurso contencioso-administrativo el pasado 20 de mayo contra la resolución de Empleo de 19 de abril por la que se destinaba esta ayuda al entender que la Faffe era una entidad «inexistente».

El TSJA ha admitido a trámite el recurso en el que se solicitaba la suspensión cautelar de acuerdo, que se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 5 de mayo. La Consejería justificó la subvención por la «puesta en marcha de acciones de mejora de la empleabilidad y la inserción laboral en el marco del Servicio Andaluz de Empleo».

La Faffe tenía los días contados desde el instante en que el Gobierno andaluz aprobó la reordenación de su sector público el 27 de julio pasado. Los sindicatos con más respaldo entre la plantilla de la Junta se opusieron al decreto ley al entender que su verdadera intencionalidad era integrar a unos 20.000 contratados por empresas externas , muchos de ellos militantes del PSOE y familiares suyos, que no habían superado procesos selectivos al uso en una Administración pública.

Aunque el acuerdo de disolución es anterior, la liquidación se hizo efectiva el pasado 23 de mayo, cuando la Consejería de Gobernación y Justicia inscribió la extinción de la fundación especializada en proyectos de formación en el Registro de Fundaciones de Andalucía, tal y como avanzó ABC.

Sus efectos para combatir el paro contrastan con el aumento de demandantes inscritos en el SAE . Desde que echó a rodar, en junio de 2003 —cuando se aprobaron sus estatutos—, 520.000 andaluces más sufren el estigma del desempleo, según los datos de la Encuesta de Población Activa.

CSIF optó por impugnar la subvención millonaria ante el TSJA al considerar que estaba «fuera de toda lógica la adopción de un acuerdo» que engordaba más aún las arcas de la Faffe «precisamente el mismo día en el que se acuerda la disolución de la misma», según explica en un comunicado.

Recio defendió en el Parlamento, el pasado 26 de mayo, que la subvención de 16,67 millones estaba prevista en el presupuesto de la comunidad para 2011 , negando así que dicha subvención se concediera diez días antes de la disolución de esta fundación, tal y como denunció el PP-A.

En respuesta a una pregunta oral formulada en el Pleno del Parlamento, el titular de Empleo esgrimió que los fines para los que fue otorgada la citada ayuda no desaparecen con la extinción de dicha fundación, tras la reordenación del sector público, «sino que, al igual que el resto de sus objetivos y proyectos, se mantiene» .

Por su parte, el diputado del PP-A José Loaiza criticó que se le diera una subvención a una fundación «que ya no existe», y auguró que tendrá que responder por ello ante el juzgado.

Otro revés judicial

Durante sus ocho años de vida, la fundación ha recibido cerca de 260 millones de euros a través de aportaciones de la Junta, ya sea para mantener su «megaestructura» o encomendarle gestiones específicas . Con su extinción, sus trabajadores han pasado a depender directamente de la nueva Agencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), cuyos estatutos también han sido recurridos por el mismo sindicato y están siendo investigados por el TSJA.

Éste no fue el único varapalo que recibió ayer el «decretazo» . La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admitió a trámite el recurso del sindicato Ustea contra los protocolos de integración del personal de las diversas agencias públicas creadas dentro de la ley de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía. El recurso se suma a los presentados contra los decretos por los que se aprueban los estatutos de las nuevas agencias públicas.