Andalucía tendrá que esperar a que se apruebe la ley de amnistía para recurrirla y deberá justificar que afecta a su autonomía
Las comunidades tienen limitadas las leyes ante las que pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad
La Junta de Andalucía anuncia que presentará un recurso al Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía

La Junta de Andalucía ha anunciado que su gabinete jurídico había iniciado ya los trámites para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía. Sin embargo, el procedimiento no es ni mucho menos inmediato y tiene una gran complejidad dadas ... las limitaciones que establece la normativa en cuanto a las leyes que puede recurrir una comunidad autónoma.
De acuerdo con el reglamento del Tribunal Constitucional pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una ley estatal 50 diputados o senadores, el Defensor del Pueblo y los órganos ejecutivos y legislativos de las comunidades autónomas. Pero, sin embargo, en ningún caso se puede presentar durante la tramitación de la iniciativa legislativa. Siempre habrá que esperar hasta que se haya aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado. En el caso de la ley de amnistía los plazos que se barajan la sitúan a mediados de 2024, sin contar con los nuevos plazos que se produzcan debido a la modificación del reglamento del Senado.
De acuerdo con la normativa vigente, «los órganos ejecutivos y legislativos de las Comunidades Autónomas están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad contra las leyes, disposiciones y actos del Estado con fuerza de ley que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía«. Es decir, la comunidad autónoma no puede recurrir cualquier ley, sólo aquellas que afecten a su autonomía. Ese será uno de los elementos que deberán justificar los servicios jurídicos cuando formulen el recurso de inconstitucionalidad.
En casos recientes como la Ley de Vivienda o la ley que regula el impuesto sobre las grandes fortunas, los recursos ante el Tribunal Constitucional de la Junta de Andalucía se han apoyado en el impacto sobre las competencias y la normativa autonómica de estas medidas legislativas. Ahora, deberán hacer lo propio con la ley que regula la amnistía para las personas procesadas por la organización sin autorización de la consulta popular en Cataluña o la declaración unilateral de independencia.
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