El Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta tiene abierta la nueva convocatoria de ayudas para promover la inclusión sociolaboral de los colectivos en situación de exclusión a través de las empresas de inserción, a la que destinará a lo largo de este año un total de 2,4 millones de euros. Las entidades interesadas tienen hasta el próximo 3 de marzo, para solicitar estos incentivos en régimen de concurrencia no competitiva, con los que está previsto apoyar alrededor de 250 puestos de trabajo.

Pueden solicitar estas subvenciones las sociedades mercantiles o cooperativas inscritas en el registro de empresas de inserción de Andalucía. Los formularios de solicitud pueden obtenerse en el Registro Telemático Único de la Junta , o bien, directamente en la Ventanilla Electrónica del Servicio Andaluz de Empleo .

La convocatoria cuenta con cinco líneas de ayuda económica, tres de ellas destinadas al fomento de la contratación y dos dirigidas a favorecer la sostenibilidad económica de estas empresas:

1. El primer bloque está formado por una ayuda dirigida a las empresas de inserción, de 2.000 euros, por la contratación indefinida en el mercado laboral normalizado de una persona trabajadora en situación de exclusión social, perteneciente a la plantilla de la empresa. La cuantía del incentivo se incrementará un 25% cuando la persona contratada sea mujer. Esta ayuda cuenta con una inversión total de 100.000 euros.
2. La segunda ayuda tiene por objeto incentivar la contratación y/o el mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas en situación de exclusión social en las empresas de inserción. En este caso, la ayuda cubre el  50% de los costes salariales derivados de la contratación, y asciende hasta un 80% en caso de empresas de inserción de nueva creación durante el primer año de contrato. Esta ayuda cuenta con una inversión de 900.000 euros.
3. El tercer incentivo es una ayuda que cubre los costes salariales derivados de la contratación o mantenimiento del personal técnico encargado de las acciones de tutoría y acompañamiento a la inserción de las personas trabajadoras en estas empresas, para lo cual la Junta destinará una inversión de 1 millón de euros.
4. Por otro lado, la convocatoria cuenta con dos incentivos para favorecer la sostenibilidad económica de las empresas de inserción, que son entidades, sociedades mercantiles o cooperativas que realizan una actividad económica o prestación de servicios con el fin primordial de integrar y formar sociolaboralmente a personas en situación de exclusión social, un sector empresarial que aglutina a alrededor de 14 empresas en la comunidad calificadas y que dan empleo a alrededor de unas 250 personas.
5. Por otro lado, se establece una ayuda destinada a financiar la inversión en inmovilizado realizada para la creación de puestos de trabajo para personas en situación de exclusión social, que asciende al 80% del coste total de la inversión (en instalaciones, maquinaria, mobiliario o nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones), con un límite máximo de 40.000 euros. El incentivo será de 8.000 euros en el caso de que la inversión en inmovilizado permita la realización de un contrato a tiempo completo, y de 4.000 euros para contratos a media jornada.

Cuando la persona contratada sea mujer el importe de la ayuda será de 10.000 euros y el límite máximo subvencionable ascenderá a 50.000 euros. Esta ayuda cuenta con una inversión de 300.000 euros.

Las empresas de inserción desarrollan una función social centrada en facilitar la inserción de las personas en situación de exclusión en el mercado de trabajo ordinario. El objetivo de esta convocatoria es propiciar la participación en el empleo de aquellas personas con mayores dificultades de inserción laboral.

Colectivos en riesgo de exclusión

Entre los colectivos que se consideran personas en riesgo de exclusión se encuentran las perceptoras de rentas mínimas de inserción y los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas; jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores; personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social; internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo en régimen abierto.

También se incluyen a personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados; mujeres víctimas de violencia de género; emigrantes retornados a Andalucía con graves necesidades personales o familiares; desempleados mayores de 50 años que hubiesen permanecido inscritos de forma ininterrumpida como demandantes de empleo durante, al menos, doce meses; y personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, en un grado igual o superior al 33%, entre otros.