El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en marzo a 6.362 hogares cordobeses donde viven 17.334 personas, de las que el 40,98 por ciento son menores. En toda España son 203.838 las familias a las que se les ha reconocido esta prestación.

La prestación media reconocida asciende a 405 euros al mes y su objetivo es cubrir la diferencia hasta un umbral de renta garantizado que varía en función del tipo de hogar contabilizando las rentas preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. El umbral de renta garantizada oscila entre los 470 euros al mes (el equivalente a una pensión no contributiva) para un hogar unipersonal y los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor.

Por edades, de media, los titulares de la prestación tienen 43,51 años. El grupo más numeroso son las personas entre los 36 y los 45 años, que superan el 36 por ciento del total.

Reducir la pobreza infantil era uno de los grandes objetivos de la puesta en marcha de la prestación. En marzo, casi el 44 por ciento de las personas que viven en hogares titulares de la prestación son menores y casi el 70 por ciento de las unidades de convivencia a las que se les abonará la nómina de marzo tienen al menos a un menor en ellas. Este hecho hace que, si se tiene en cuenta a todos los miembros de las unidades de convivencia, la edad media se sitúe en 27,55 años y, excluyendo a los titulares, en 18,55 años. Casi uno de cada tres hogares es monoparental.

Por género, más del 70 por ciento de los titulares de la prestación son mujeres y también son mayoría entre los beneficiarios, con 316.163 mujeres que forman parte de las unidades de convivencia que reciben el IMV.

En concreto, hasta el cierre de la nómina de marzo, el INSS ha recibido 1,15 millones de solicitudes válidas desde que se puso en marcha la prestación, hace nueve meses. De ellas, solo se han aprobado algo más de 210.000 (un 20 por ciento de las presentadas) y 600.000 han sido denegadas. Otras 62.000 están en proceso de subsanación, es decir, que se ha reclamado al solicitante o a alguna administración información para completar el expediente.

En su mayoría, las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), aunque un 10 por ciento de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para lo que en enero se realizó una modificación normativa para que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del Ingreso Mínimo Vital puedan realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales.