La acusada de cobrar la pensión de su abuela fallecida durante 22 años reconoce los hechos en el juicio

En su declaración ante el tribunal, la acusada ha asegurado que tras la muerte de su familiar « le entregó una carta de la Seguridad Social de su abuela al director del banco pero no recuerda lo que ponía; así que siguió cobrando la pensión de jubilación y viudedad de su abuela durante esas dos décadas».

La Fiscalía, que ha mantenido su escrito durante el juicio que ha quedado visto para sentencia, le acusa de fraude de prestaciones a la Seguridad Social por cobrar durante 22 años la pensión de jubilación de su abuela fallecida en 1994.

Esta nieta, que tras la muerte de su abuela, iba al banco para retirar la pensión de la cuenta en la que se le igresaba y de la que ella era cotitular, ingresaba en efectivo y por ventanilla en otra cuenta esta pensión . Este mismo modus operandi lo utilizó la acusada durante más de dos décadas.

En el escrito de acusación del Ministerio Público, elevado a definitivas, recoge que la acusada -que se enfrenta a dos años y medio de cárce l- desde el fallecimiento de su abuela en 1994 no lo puso en conocimiento de la entidad bancaria ni del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con ánimo de ilícito enriquecimiento siguió cobrando las pensiones de jubilación y de viudedad que percibía, hasta que el 6 de octubre de 2021, la dirección provincial del INSS en Córdoba , cuando tuvo conocimiento de este hecho procedió de oficio a la baja de las mismas.

Ambas pensiones fueron abonadas en una cuenta con ellas dos como titulares. El importe total defraudado mediante estas operaciones durante esos 22 años ascendía a un total de 135.264 euros.

A través de la entidad bancaria, la acusada solicitó y le fue aprobado un préstamo hipotecario , como también ha reconocido ante el plenario, y con la cantidad obtenida con ese préstamo se procedió a la devolución al INSS de 31.893 euros de la pensión de jubilación percibida entre 2012 y 2016, y de 2.905,65 euros de la pensión de viudedad por el mismo período.

En total, la cantidad que resta por recuperarse por parte del INSS asiende a 100.464,50 euros . Los hechos constituyen, según la Fiscalía, un delito de fraude de prestaciones a la Seguridad Social, por lo que solicitan para la acusada 2 años y medio de prisón así como una multa de 135.264 euros, así como la pérdida de obtener subvenciones o ayudas púbicas durante 4 años.