Uno de cada cuatro juguetes vendidos en Andalucía incumple las normas de etiquetado o seguridad

Se trata de una campaña de ámbito autonómico que arrancó en mayo y en la que participan todos los servicios de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo. En la misma, está previsto el control de, al menos, 430 productos, así como la toma de muestras de 65 productos para su análisis en el laboratorio con la finalidad de comprobar que los artículos que se comercializan son seguros.

La campaña de inspección del etiquetado y la seguridad de los juguetes desarrollada en 2022 se saldó con 426 actuaciones y el levantamiento de 101 actas positivas –se detectó algún incumplimiento–, lo que supone un 23,7% del total. En cuanto a la toma de muestras, de las 66 tomadas, 26 resultaron positivas debido a incumplimientos de etiquetado o de seguridad, lo que supone un 39% del total.

El mayor porcentaje de incumplimientos se produjo porque no figuraba en el juguete, envase o en documento que acompañe al mismo la dirección del fabricante; en juguetes no destinados a niños y niñas menores de 36 meses, el producto no llevaba el símbolo gráfico de limitación de la edad o la advertencia «no conviene para niños menores de 36 meses» o «no conviene para niños menores de tres años»; el diseño del símbolo gráfico de limitación de la edad no se ajustaba a las características de la norma; las advertencias no estaban indicadas de manera claramente visible y legible, fácilmente comprensible y precisa en el juguete, en etiqueta pegada o en el embalaje, y, si procede, en las instrucciones de uso que acompañen al juguete.

También detectó que cada advertencia no iba precedida de la palabra advertencia o advertencias; las advertencias que determinan la decisión de compra del juguete, tales como las que especifican las edades mínimas y máximas de las personas usuarias, no figuraban en el embalaje destinado al consumidor o a la consumidora, o si no, no estaban claramente visibles antes de la compra; y en juguetes funcionales no figuraba la advertencia «Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto«.

En el caso de detectarse algún producto inseguro, éste se incluye en la Red de Alerta de Productos de Consumo para proceder a su retirada del mercado. En este sentido, las personas consumidoras y usuarias también desempeñan un papel fundamental a la hora de denunciar algún producto que pudiera ser inseguro o peligroso (por ejemplo, por riesgo de asfixia, de electrocución, de daño ocular o auditivo, de quemadura, de cortes, etcétera).

En tal caso, debe presentarse una denuncia dirigida al Servicio de Consumo Provincial (Delegación Territorial de Salud y Consumo) detallando la información del producto –denominación, marca, lote, referencia, empresa responsable–; el lugar donde se adquirió el mismo y la descripción de los hechos y aportación de pruebas (como fotografías o vídeos) que puedan servir para demostrar lo denunciado.

Desde la Administración, se revisa la documentación y se analiza el producto. En caso de confirmarse la inseguridad del producto, la Dirección General de Consumo lo notifica a la Red de Alerta de Productos de Consumo.

En el apartado específico dedicado a esta campaña en la web de Consumo Responde se pueden encontrar los distintos tipos de juguetes que serán objeto de control.

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 8 a 15 horas los sábados (salvo festivos), así como a través de la página web https://www.consumoresponde.es,y de los perfiles de Twitter (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los servicios provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.