Las grandes fortunas pagarán menos con el nuevo impuesto a los ricos por un error de Hacienda

Un fallo en el cálculo de las cuotas de un tributo creado para contrarrestar la eliminación del Impuesto sobre Patrimonio (a efectos recaudatorios) por parte del Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) va a hacer que los más ricos terminen ahorrándose más que antes de que entrara en vigor la reforma impulsada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y aprobada el 21 de diciembre por el Senado. Es justo lo contrario de lo que se pretendía con el tributo, que nace con una intencionalidad recaudatoria y política: que las grandes fortunas no se puedan beneficiar de las bonificaciones que aplican gobiernos regionales del PP.

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía advierte un «error técnico» en el sistema de cálculo que va a minorar la recaudación de este gravamen de carácter temporal. Se cobrará a las fortunas de más de tres millones de euros (3,7 millones, añadiendo el mínimo exento) durante 2023 y 2024, aunque el ministerio no descarta prorrogarlo.

El fallo se localiza en la regulación realizada para evitar que haya una doble imposición. La Ley 38/2022 (que desarrolla la nueva figura) toma como referencia la cuota íntegra teórica del impuesto que pagan los contribuyentes con un patrimonio superior a los tres millones de euros, sin tener en cuenta la cuota bonificada al 100 por 100 que se aplica en Andalucía o Madrid. Esto provoca una distorsión que acarrea que los más acaudalados paguen, en algunos casos, hasta un 80% menos, según exponen dos informes de la Secretaría General de Hacienda de la citada consejería que analizan el impacto de la medida.

Los documentos, facilitados a ABC, ilustran su estudio con ejemplos reales. Así, un contribuyente con un patrimonio neto de 12.330.164 euros con una base imponible de 1.705.552 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pagará 39.211 euros por el ISGF frente a los 196.056 euros que abonaba con el original IP, esto es, un 80% menos. En este caso concreto, las cuotas íntegras de los tres impuestos (el sistema de cálculo que establece el nuevo gravamen) suman 1.206.624 euros.

El problema radica en la nueva configuración del tributo, porque «se computan las cuotas íntegras de los tres impuestos, ISGF, IP e IRPF, mientras que en el Impuesto sobre el Patrimonio sólo la suma de la cuotas íntegras de IP y de IRPF», aclaran los informes.

La normativa fiscal fija un tope en la cuota del impuesto de solidaridad, «de manera que la cuota íntegra del mismo, conjuntamente con las cuotas del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio, no podrá exceder del 60% de la suma de las bases imponibles del primero», para los afectados.

En el supuesto de que la suma de ambas supere el límite del 60% del IRPF, en el Impuesto sobre el Patrimonio se aplica una rebaja que no puede exceder del 80%. El nuevo tributo, sin embargo, no distingue si la cuota íntegra teórica está o no bonificada. Como consecuencia, las grandes fortunas andaluzas y madrileñas se ahorrarán parte de lo que les tocaría pagar si en las comunidades donde viven estuviera funcionando el Impuesto sobre el Patrimonio.

Las rebajas son millonarias. En Andalucía, según detalla la consejería, 874 contribuyentes cumplen las condiciones para abonar el 'impuestazo' a los ricos. Según la estimación de la Junta, éstos ingresarán 36.597.543 euros en el año 2023, frente a los 50.060.063 euros que los mismos contribuyentes pagaban en 2021, cuando el Impuesto sobre el Patrimonio no estaba bonificado. Es decir, con el nuevo tributo la recaudación se reduce en 13.462.520 euros con respecto a lo ingresado con el IP, lo que supone una merma del 26,5%.

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El Ministerio de Hacienda hizo unas previsiones más optimistas. Estimó que en toda España se recaudarán 1.500 millones al año procedentes de 23.000 contribuyentes afectados por el tributo.

La consejería andaluza que dirige Carolina España no es la única que ha advertido este error. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ideólogo del nuevo impuesto, apreció el riesgo que se corría de reducir la recaudación y registró una enmienda en el Senado para enmendar el fallo técnico, pero su iniciativa no prosperó.

El Ejecutivo central tenía mucha prisa por aprobar la medida para que estuviera operativa desde el inicio de 2023. Corregirla le obligaba a devolver el texto legal al Congreso y hacía peligrar sus planes de contrarrestar la supresión del Impuesto sobre Patrimonio anunciada por el presidente andaluz. Decidió tirar para adelante. De haber hecho caso a sus socios parlamentarios de ERC, los 874 contribuyentes andaluces afectados por el nuevo impuesto a los ricos abonarían 49.776.084 euros, en lugar de los 36.597.543 euros que van a terminar desembolsando.

La Junta de Andalucía está preparando un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva figura impositiva, que considera «un ataque directo» a su autonomía financiera porque se ha creado a raíz de que Andalucía lo bonificara al completo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también prevé recurrirlo.

Las prisas vuelven a ser malas consejeras para el Gobierno. La conocida ley del 'sólo sí es sí' ha provocado que 133 condenados por delitos contra la libertad sexual vean rebajadas sus penas en algunos supuestos. En lugar de asumir el error y buscar la forma de remediarlo, Podemos culpó a los jueces.