Costa Doñana, el proyecto inmobiliario maldito entre Matalascañas y Mazagón

Para conocer el proyecto hay que remontarse a los años 70 del siglo XX. La empresa alemana World Hotel promovió un gran proyecto inmobiliario en 700 hectáreas entre Matalascañas y Mazagón. Las trabas que la Junta puso al proyecto le hizo tirar la toalla y terminó vendiendo en 1987 la finca El Asperillo a un grupo de empresas que conformaban Costa Doñana S.A., que pagaron 9 millones de euros (1.400 millones pesetas).

El proyecto se debatió en el Parlamento y creó incluso una división en el seno del PSOE, lastrando la imagen del entonces consejero de Política Territorial, Jaime Montaner, que sonaba para suceder a Borbolla en la Junta.

En diciembre de 1989, el Pleno del Ayuntamiento de Almonte modificó el Pgou y recalificó esas 700 hectáreas junto a Matalascañas, pasando de ser suelo urbanizable no programado a urbanizable programado, lo que daba vía libre a la construcción. No obstante, el Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana que se aprobó en 1989 indicó que 285 hectáreas podían ser suelo urbanizable programado, quedando el resto como no urbanizables de protección especial.

En esas 285 hectáreas, Costa Doñana programó invertir 60 millones de euros (10.000 millones de euros de las antiguas pesetas) para crear más de 32.000 plazas turísticas en hoteles y urbanizaciones, un espacio ecuestre, campos de golf, instalaciones para deportes acuáticos...

El Pleno del Ayuntamiento autorizó en octubre de 1990 el proyecto de Costa Doñana pero dos meses después anuló la modificación del Pgou respecto a los terrenos de Costa Doñana, así como el Plan parcial y la aprobación inicial del proyecto de urbanización. En 1991, con el proyecto ya varado, los promotores cifraron en 120 millones de euros las pérdidas por la paralización del proyecto de Costa Doñana, también conocido como Dunas de Almonte.

Si el proyecto había generado gran controversia en foros políticos, la puntilla la recibió en 1992 cuando un comité de once expertos creado por la Junta y la Unión Europea emitió un informe desaconsejando la construcción de la urbanización turística Costa Doñana en las inmediaciones del parque nacional.

Para no pagar indemnización a los promotores de Costa Doñana, la Agencia de Medio Ambiente (AMA) de la Junta de Andalucía firmó en 1993 con los dueños del suelo un protocolo de intenciones para permutar la finca del Asperillo por 1.400 hectáreas de suelo público en Almonte y Moguer en lo que podrían desarrollar su proyecto turístico.

Los promotores elaboraron varios proyectos para esos terrenos cerca del Parador de Mazagón, el entorno del Rocío y los poblados forestales, dando conformidad a los mismos la Junta. Manuel Chaves, presidente de la Junta en aquel entonces, aseguró que el proyecto en los nuevos terrenos respetaba el informe del consejo de expertos. De hecho, parte de esos terrenos, en concreto 129 hectáreas, fueron permutadas, quedando pendientes de entregar el resto. El Patronato de Doñana ratificó la permuta en 1993.

La redacción de esos proyectos costó casi 5 millones de euros, según Costa Doñana, que llegó a vender en Europa 30 millones de euros (5.000 millones de las antiguas pesetas) en acciones y viviendas, aunque debido a la paralización del proyecto tuvo que devolver todo ese dinero.

Según Costa Doñana, el acuerdo de permuta se ratificó en 1994, año en que la Junta valoró los terrenos de Costa Doñana en 60 millones de euros (10.000 millones de las antiguas pesetas), algo de lo que se hicieron eco todos los periódicos. En 1996, la Junta de Andalucía anunció en los medios de comunicación el acuerdo para la permuta de suelos en terrenos próximos al parador de Mazagón.

A raíz de la aprobación del Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad) en 2003, la licencia que el Ayuntamiento de Almonte dio a Costa Doñana dejó de tener vigencia, pasando la finca El Asperillo a considerarse suelo urbano no programado, aunque en el Registro de la Propiedad de Almonte sigue figurando como suelo urbanizable no programado las 700 hectáreas-

En la actualidad, son propietarios de las 700 hectáreas tres empresas: Construcciones Roquiconsa, de Emilio Rodríguez Quijano, así como Duna Playa y Financiación Básica, estas últimas de Salvador Echevarría.

Catorce años después de la firma del protocolo de intenciones para la permuta de suelo, no se ha realizado, lo que ha llevado a los promotores a exigir a la Junta su ejecución o, de lo contrario, recibir una indemnización. El asunto está aún en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.