Desesperada a pocos días de su desahucio en Marbella y sin alternativa: «Me van a quitar a mis hijos»

El pasado 6 de febrero, el Juzgado de Instrucción 3 de Marbella ordenó su desahucio de forma cautelar en un plazo de diez días. Si no se marcha, el próximo jueves, según el auto, será desalojada por la Policía del piso que tiene okupado, pero que no se niega a pagar. Y no será el último de los problemas. Siente que tiene la espada de Damocles sobre su cabeza.

Por indicación del magistrado fue a Servicios Sociales, donde informó de su situación, pero la respuesta del funcionario municipal la hizo entrar en pánico. «Allí me dijeron que, si me desahucian y no presento un contrato de alquiler, van a informar para que me quiten a los niños», afirma Margarita.

Esta madre, de 34 años, llegó a España hace dos décadas. Su vida no ha sido fácil. Primero se enamoró del padre de su primer hijo, que resultó ser un maltratador. Cuando el menor, ahora con doce años, era un bebé, se separó en medio de un episodio de violencia machista. A su expareja se le impuso una orden de alejamiento de 300 metros sobre ella. «No sabemos nada de él. Ni pasa pensión, ni se preocupa por el niño», asegura la mujer.

Pasados unos años, conoció a otra pareja. El padre de su segundo hijo, ahora de siete años de edad, que también vive con ella. Con esta expareja estuvo viviendo en Coín, pero por la escolarización de sus hijos volvieron otra vez a Marbella. Según su relato, la mujer se marchó cuatro meses a Inglaterra. «En invierno no tengo mucho trabajo aquí y me fui para poder mandarles dinero», recuerda.

En ese tiempo, su pareja, que también está citada en el auto de desahucio pese a que no vive allí, encontró en el piso. Lo hizo para que los niños volvieran a su colegio, donde siguen estudiando, van a comedor y tienen las extraescolares. «Me dijo que pagó a un hombre 600 euros de alquiler y 400 de fianza, pero cuando regresé de Inglaterra, no había pasado ni un mes y tenía a un señor del banco en la puerta», rememora la mujer, que ya está separada de esta segunda pareja.

Se quedó viviendo allí con su padre, que en 2019 murió en la calle cuando salió a comprar tabaco. Ahí se quedó sola con sus hijos, trabajando la mayoría del tiempo sin contrato, donde le sale. Limpia casas, hace mudanzas, trabaja en restaurantes, cuida niños… Ahora vive con un subsidio por desempleo de 200 euros. «Limpio algunas casas y cuido a algún niño, pero me pagan 20 euros. En verano es cuando más dinero gano, de ahí vivo todo el año», asevera.

A su puerta llaman con frecuencia para echarla. El primero fue un emisario del banco Santander para pedirles que salieran del piso, puesto que era propiedad de esta entidad. Margarita asegura que intentó negociar un alquiler, pero la compañía quería recuperarlo. No quería inquilinos. «Los primeros seis meses pagaba el agua y la comunidad, pero el banco me dijo que no lo hiciera. Ahora el piso tiene mucha deuda por eso», afirma.

Lo que sí abona con dificultad es la luz o el internet. Está al corriente de los pagos, pese a tener algún recibo fraccionado. Fue el banco el que denunció la okupación para que los echaran. Antes de resolverse su caso, a la casa fue un emisario de la inmobiliaria Solvia. «También le pedí que me pusieran un alquiler, pero tampoco quisieron. Este piso lo quieren vacío», añade.

El banco había vendido la propiedad. Un piso de 60 metros cuadrados con tres habitaciones, que ha vuelto a ser vendido por tercera vez en menos de dos años. El inmueble no tiene lujos, pero está bien cuidado. Han pintado, comprado muebles y cada habitante tiene su espacio. En el salón los niños ven videos de Fortnite, mientras la perrita se mueve juguetona buscándolos.

Ahora ese hogar pertenece a un fondo de inversión. Es el último comprador. «También han venido para que me vaya. Les he dicho que quiero pagar, que me pongan un alquiler, porque no puedo irme a ningún otro sitio. Lo quieren para un apartamento turístico», remarca.

Está atrapada. No tiene acceso a otra vivienda. No cumple las exigencias del mercado para ser arrendataria. No tiene nómina, ni dinero para dar el fondo de hasta 2.000 euros que le exigen en los lugares consultados. «No encuentro un alquiler asequible».

En el juzgado le dieron como solución a su problema pedir una vivienda social en el Ayuntamiento. «Desde que me separé del primer marido llevo pidiendo un piso. Cada año relleno ese formulario. No me lo han dado en doce años y no me lo van a dar en diez días», asegura mientras sostiene el formulario con toda la documentación preparada para llevarla está semana, cuando le han dado la cita. «Necesito una casa y lo que me han dicho es que me van a quitar a mis hijos», lamenta entre lágrimas mientras uno de los niños llega al salón para decir que quiere cenar y su madre se va para prepararle el jarabe para el resfriado.